Mato explicó, en rueda de prensa, que estos 30.000 trabajadores se reparten en unos 19.000 que se beneficiaron de programas formativos y de inserción laboral, a los que se suman los 4.000 contratados a través de la partida excepcional para los programas de cooperación y los 7.000 movilizados gracias a las obras en infraestructuras.
La titular del departamento autonómico recordó que este plan de medidas urgentes frente a la crisis movilizó cerca de 1.200 millones de euros, procedentes de la reorientación de otras partidas y del plan de austeridad. Con todo, recordó que se trata de un plan “urgente”, que ahora dará paso a medidas a medio plazo que se incluirán en el Plan autonómico de empleo 2010-2013, que ya se está negociando con los agentes sociales “al igual que se hizo con el Plan de choque”.
El plan de medidas urgentes se articuló en torno a cuatro líneas de actuación: fomento del empleo, fomento de la productividad y del tejido industrial, apoyo a las familias y otras medidas sociales, y, finalmente, operaciones de financiación y avales.
La conselleira reflexionó que todas estas medidas permitieron tanto la incorporación al mercado laboral de trabajadores, como su mantenimiento. Esto “contribuyó la que los índices de desempleo habían mantenido un importante diferencial con el Estado”, que en la última Encuesta de Población Activa se situaba alrededor de los seis puntos de diferencia.
El programa permitió medidas sociales en dependencia y vivienda
La conselleira también desglosó las medidas más importantes de carácter social llevadas a cabo dentro del Plan de Choque. Así, destacó los 27,7 millones “extra” destinados a la Ley de Dependencia, que permitieron atender entre septiembre y diciembre a un total de 5.344 personas en situación de dependencia, de los que 4.321 fueron grandes dependientes. “Con este empuje conseguimos incluir en el sistema en 2009 a 10.000 personas en atención a la dependencia en 9 meses”, declaró Mato. También se redujo el tipo impositivo de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para el fomento de acceso a la vivienda, que incluye una rebaja fiscal a los menores de 36 años y familias numerosas, y posibilitó la reactivación del mercado inmobiliario.