El pleno del Parlamento de Andalucía aprobó el jueves 28 de noviembre, con el respaldo del PSOE e IU y la abstención del PP, una iniciativa de los socialistas por la que se reclama al Gobierno central que adopte medidas «excepcionales» para los emigrantes retornados que no declararon sus rentas, entre ellas que no se inicie ningún expediente sancionador.
Se trata de una proposición no de ley presentada por el grupo socialista, que insta también al Gobierno central a que promueva los cambios normativos necesarios para que dichas rentas y pensiones tengan la consideración de rentas exentas de tributación y, en caso de que las dos propuestas anteriores no fueron aceptadas, que amplíe el periodo de pago de los abonos requeridos -ampliando las causas de aplazamientos- y que se cancelen los intereses de demora generados.
Durante la defensa de la iniciativa, la diputada socialista Clara Aguilera, ha explicado que lo que se pretende es un pronunciamiento de apoyo a los emigrantes retornados para que se resuelva el problema, ya que ni la Junta ni el Parlamento autonómico «tienen en su mano» solucionarlo.
Durante su intervención, que ha sido seguida desde la tribuna de invitados por representantes de la Federación de Asociaciones Españolas de Emigrantes Retornados (Feaer), ha recordado que los afectados no han tenido «ninguna voluntad de defraudar al Estado» y lo que quieren son «soluciones».
Ha explicado que 180.000 familias pueden estar afectadas en Andalucía por este problema, la mayoría personas mayores que emigraron al extranjero en las décadas de los 50, 60 y 70 «en plena dictadura franquista porque aquí no había trabajo».
A estos pensionistas, o a sus familiares en caso de fallecimiento, la Agencia Tributaria les está requiriendo que tributen por las rentas percibidas de pensiones satisfechas en el extranjero desde el año 2008 y con intereses de demora y sanciones, ha detallado.
Dichos emigrantes generaron unos derechos por las cotizaciones para una pensión, que se sitúa en una horquilla de entre 40 y 400 euros, y la Agencia Tributaria había tenido hasta ahora «un criterio de eximirles, de hecho, de esos tributos», ha asegurado.
La diputada del PP Eva Martín ha pedido «respeto» para la actuación de la Agencia Tributaria, que «lo único que está haciendo es cumplir lo que dice la norma, cumplir con su deber al aplicar una ley que redactó y que se aprobó en el 2006 cuando gobernaba el PSOE», ha subrayado.
«La ley dice claramente que toda persona física que reside en España tendrá que declarar sus rentas mundiales», ha recalcado la diputada del PP, grupo que ha presentado tres enmiendas a la proposición no de ley, que han sido rechazadas.
Martín ha admitido que, probablemente, los emigrantes retornados no han cumplido con su «obligación» por desconocimiento y «de manera involuntaria», pero ha pedido al PSOE que no haga «demagogia» ni sea «oportunista», tras lo que ha espetado: «Ya está bien de criticar a un Gobierno que está haciendo lo que tiene que hacer».
Ha asegurado, además, que mucho antes de que comenzara el PSOE a registrar iniciativas para defender a este colectivo, el PP ya estaba trabajando en ello, por lo que ha concluido que se trata de una estrategia «perfectamente orquestada» con el único objetivo de «desgastar» al PP.
Ha recalcado que el Gobierno central se ha comprometido a estudiar «expediente a expediente y caso a caso» y a facilitar una fórmula para que sea «lo menos gravosa económicamente» para estas personas.
La portavoz de IU, Carmen Pérez, hija de emigrante según ha declarado al inicio de su intervención, ha lamentado que el Gobierno se «cebe» con los emigrantes retornados, a los que trata, en su opinión, como «evasores fiscales».