La consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, que intervino en la sesión de debate final del Proyecto de Ley en la Cámara autonómica, se mostró satisfecha por el nivel de consenso logrado en torno a este texto normativo y destacó las aportaciones realizadas por los distintos grupos políticos y las asociaciones de andaluces en el exterior, que a su juicio han contribuido a reforzarlo.
Este nuevo texto normativo está dirigido fundamentalmente a los andaluces que residen fuera de las fronteras de la Comunidad Autónoma (personas nacidas en Andalucía y con nacionalidad española, así como sus hijos), a los que se dirigen la mayor parte de las medidas. No obstante, también tienen cabida aquellas personas que ya no tienen la nacionalidad española (únicamente son oriundos de Andalucía) así como quienes sienten una especial vinculación con Andalucía, los cuales pueden canalizar esta relación a través de las asociaciones de andaluces.
La Ley contempla que la Junta establezca incentivos a la contratación de los retornados y la creación de una ventanilla única de información destinada a asesorar y orientar a los andaluces en el exterior sobre los procedimientos y trámites que han de seguir ante las distintas administraciones públicas para retornar a Andalucía, un servicio que se acometerá en coordinación con el Gobierno central.
Estas dos medidas vienen a reforzar el apartado del Estatuto dedicado al retorno, donde se contemplan una serie de disposiciones para hacer menos gravoso el regreso de aquellos andaluces que deseen volver a asentarse en la comunidad autónoma. En el plano laboral, se reconoce el derecho de quienes residen en el exterior a inscribirse como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), así como conocer y acceder a las ofertas que éste gestione en las mismas condiciones que el resto de andaluces.
Otra de las iniciativas es la desaparición del requisito de empadronamiento en la comunidad autónoma para acceder a solicitar una vivienda protegida (computándose en sustitución el tiempo de residencia fuera), además de que la condición de retornado pueda considerarse un mérito en los baremos de adjudicación de las viviendas.
Con el fin de facilitar su plena integración en la sociedad andaluza, se garantiza el acceso de los retornados a la Sanidad, a las prestaciones de asistencia social y al sistema educativo mediante clases de apoyo. También se podrán habilitar programas especiales que faciliten el establecimiento de empresas creadas por retornados, promover el regreso de los investigadores y proporcionar vías para que los jóvenes puedan cursar estudios en Andalucía.
El Estatuto de los Andaluces en el Mundo, que sustituirá a la ley de 1986, consta de 46 artículos distribuidos en seis títulos, los cuales se dedican a los derechos de los emigrantes, a las comunidades andaluzas y sus registros, al retorno y a los acuerdos de cooperación.
Memoria histórica
La nueva ley parte del reconocimiento a la contribución de los andaluces en el mundo al desarrollo de la comunidad autónoma, recuerda que la abandonaron por razones de necesidad en el ámbito social, económico, cultural o por carencias de libertades públicas y trata de consolidar los vínculos con los andaluces en el exterior a través de las nuevas tecnologías.
En sus disposiciones generales, el Estatuto destaca a tres colectivos: juventud, mujer y mayores. A estos últimos se les reconoce su derecho a pertenecer a la memoria histórica de Andalucía y se les otorga una especial protección al considerar obligatorio la creación de programas de ayudas -ya funciona uno para Argentina- para personas en situación de especial necesidad, que se define como “la de aquellos que carezcan de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo con la realidad socioeconómica del lugar de residencia”.
Por otra parte, el nuevo texto normativo también regula la existencia de las comunidades andaluzas, consagrando el principio de que sus integrantes no han de tener necesariamente origen andaluz, y refuerza la relación de éstas con la Administración autonómica al consagrarlas como interlocutor válido y como canalizadores de prestaciones y servicios destinados a este colectivo.
Así, se establecen una serie de medidas de apoyo, entre las que se hace especial hincapié en las destinadas a fomentar el conocimiento de la realidad de Andalucía y la dotación de las asociaciones con nuevas tecnologías que les permitan un mayor contacto con la comunidad. En paralelo, se promoverán estudios sobre la realidad de los andaluces en el exterior y se encargará al Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) la elaboración de un censo de este colectivo.
En cuanto a las relaciones con el exterior, se trabajará con el Gobierno central para alcanzar acuerdos internacionales donde residan personas de origen andaluz para fortalecer su vinculación con Andalucía o facilitarles el retorno. Por su parte, la Junta de Andalucía tratará de alcanzar de acuerdos con los gobiernos de otras comunidades autónomas con este mismo fin.
El conjunto de medidas que recoge el Estatuto de los Andaluces en el Mundo se desarrollarán en un Plan Integral de duración cuatrienal que deberá elaborarse en un plazo de dos años tras la entrada en vigor de la Ley, que será coordinado por la Consejería de Gobernación y puesto en marcha por las distintas consejerías de la Junta y de cuya ejecución el Consejo de Gobierno deberá remitir una evaluación al Parlamento andaluz.
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Juventud, infancia e igualdad de género
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En cuanto a la juventud, la Junta se compromete a favorecer su participación activa en la sociedad andaluza, así como su conocimiento de la misma a través de las nuevas tecnologías, y para mejorar su acceso a la formación, promover el asociacionismo y valores de solidaridad y cooperación. Este pronunciamiento se ha completado durante la tramitación parlamentaria con un apartado destinado a la infancia, por el que la Administración autonómica fomentará el desarrollo integral de la infancia andaluza en el exterior, procurando crear las condiciones favorables para ello y asistiéndola en todas sus necesidades.
La igualdad de género es otro de los aspectos recogidos en el articulado de esta Ley de los emigrantes, en el que se contempla el acceso de este colectivo a las actuaciones de la Junta destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, además de consagrar la paridad en el Consejo de Comunidades andaluzas, órgano consultivo de la Junta de Andalucía en el que están representadas las asociaciones de andaluces.