Blanco defendió la necesidad de “adecuar las explotaciones de las canteras gallegas a su realidad y al entorno del Siglo XXI” y destacó que la Administración y los grupos parlamentarios hicieron “partícipe” al sector en la elaboración del texto. El titular de Industria insistió en que “es una ley que responde a la necesidad de puesta al día del sector” y permitirá “regularizar en base a criterios objetivos” muchas de las explotaciones que se encuentran en la actualidad “fuera de control e, incluso, fuera de la legalidad”.
Blanco subrayó que la minería engloba a más de 1.600 empresas en Galicia, más de 20.000 trabajadores y aporta el 10,2% de valor añadido bruto de la industria, con unas exportaciones que sumaron casi 450 millones de euros en 2007. También subrayó que se introduce la denominación de “municipios mineros”, pues necesitan “una planificación específica”.
Por su parte, el diputado popular Ángel Bernardo Tahoces rechazó el texto por creer que aporta “inseguridad jurídica” al sector y por ser “bipolar”, pues, por un lado, define la actividad minera como estratégica y esencial para la economía de Galicia y, por otro, “la demoniza y la prohíbe”.