En este sentido, la nueva norma permitirá renovar el gobierno de las cajas en dos meses, mejorando además su democratización, pues el Parlamento gallego, como garante de la soberanía popular, designará el 20% de los miembros en las asambleas, excluye a los políticos de los órganos directivos y permite la elección mediante sorteo directo de todos los representantes de los impositores. Asimismo, establece los 70 años como la edad límite para formar parte de los órganos directivos, con lo que Julio Fernández Gayoso actual presidente de Caixanova y retractor de la fusión con Caixa Galicia, se queda fuera.
Tras el cambio, las cúpulas de las entidades tendrán que decidir si apuestan por una fusión entre ellas o si, por el contrario, optan por seguir su camino en solitario. Pero antes habrá que saber lo que dice el informe de auditoría de KPMG respecto a la viabilidad de esa unión. Si es afirmativo, el presidente de la Xunta defenderá la opción de la fusión ante el Banco de España. El organismo tendrá la última palabra. En este sentido, durante el pleno se aceptó una de las 46 enmiendas presentadas por el PSOE para que en caso de fusiones de las cajas, la Xunta antes de autorizar o no la fusión, escuche la opinión del Parlamento. Esta cesión no sirvió al PSOE para que cambiase de idea, que reprochó al PP y al BNG las “prisas” para aprobar esta ley y los plazos “tan apretados” que se fijan para la renovación de los órganos de gobierno de las cajas -sólo conservará su puesto dentro de dos meses un 25% de los miembros de las asambleas-.
Entre los aspectos más intervencionistas de la nueva ley, se encuentra la preceptiva autorización de la Consellería de Facenda para las inversiones que se hagan con cargo a la obra social. Con todo, Currás destacó que la Xunta, a la que le corresponde el poder ejecutivo, tiene asignado un papel supervisor, necesario e incompatible con la participación en la gestión y, por lo tanto, en los órganos de gobierno.