El Ministerio de Educación ignora las peticiones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior referentes a  la modificación de las ALCE

Los miembros de la Comisión de Educación del CGCEE expresaron su decepción ante la actitud dilatoria de los representantes gubernamentales

En el centro la presidenta de la Comisión Delegada de Educación del CGCEE, Miriam Herrero, durante el último pleno.

Según un comunicado enviado por la Comisión, la sorpresa de sus miembros fue “fue no encontrar una respuesta del Ministerio de Educación a las peticiones expresadas en la resolución aprobada por unanimidad por el CGCEE, en el pleno de 18 de junio pasado”.

Los consejeros se encontraron con “una actitud dilatoria, que retrasaba la decisión una semana más”. En concreto, según el comunicado, “la decisión sobre la modificación de las ALCES se adoptará tras otro encuentro entre los ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Educación, Cultura y Deporte”.

Esta información exacerbó los ánimos de los miembros de la Comisión Delegada pues algunos se habían desplazado desde Francia, Irlanda y Suiza y todos habían dejado aparcadas sus obligaciones familiares y profesionales. La sensación de engaño y de gasto inútil para el erario público, para celebrar  esta reunión vacía de contenido, fue trasmitida a la Administración. “En lugar de tranquilizar, se ha  incrementado la desconfianza hacia el Ministerio de Educación, por su comportamiento desleal y engañoso hacia la Comisión de Educación del CGCEE”, indicaron desde la Comisió.

Otro aspecto que molestó mucho a los miembros de la Comisión fue enterarse que un día antes de la reunión, el miércoles 26 de junio, los padres de alumnos de las ALCE ya estaban recibiendo comunicaciones de las consejerías de Educación sobre la nueva organización de las Aulas, con una hora y media de clases presenciales y otra hora y media vía internet, cuando antes eran tres horas semanas de clases presenciales.

Las expectativas puestas en la reunión eran muchas pues las instrucciones sobre las ALCE generan gran inquietud en la ciudadanía española en el exterior. Para los miembros de la Comisión “las instrucciones prueban la intención del Gobierno  de desmantelar las Agrupaciones de Lengua y Cultura Española”.

“En lugar de reforzar los mecanismos de apoyo en el exterior, ahora que se incrementa la emigración de trabajadores españoles, se recortan derechos educativos a los hijos de los emigrantes”. Así lo expresó la Comisión Delegada al Ministerio de Educación, al que instó a contemplar las ALCE no sólo como una cuestión que atañe a su departamento, sino como un elemento constitutivo de una política integral de emigración que compete al Gobierno en su conjunto.

La precipitación y la falta de diálogo con los sectores implicados fueron reiteradas por los miembros de la Comisión Delegada. Por ello, se instó al Ministerio de Educación a retirar las instrucciones y a replantear, tras la apertura de un proceso de negociación con los afectados, las modificaciones de las ALCES.

Los miembros de la Comisión manifestaron que si el Ministerio no rectifica y abre un proceso de diálogo, la movilización persistirá, e incluso, se pedirá la dimisión de los responsables de las instrucciones.