Con la ley en la mano

El libro blanco de la emigración

Por Ricardo Martínez Barros

¿Qué es “un libro blanco”? El término aparece por primera vez en el Reino Unido (white paper) en el año 1939, con el fin de dar una “salida-solución” al problema palestino, y que desgraciadamente más parece que el tal “libro blanco” (también llamado “Libro Blanco de McDonald») debiera denominarse “libro negro”, por las nefastas consecuencias posteriores que derivaron de las propuestas que en el mismo se contenían. El LIBRO BLANCO no es más que un documento en el que se recogen las directrices, opiniones fundadas, los análisis de un determinado problema que han de servir para establecer la política y fijar los criterios jurídico-técnicos con los que ha de afrontarse la solución a ese problema.

La emigración española, un fenómeno que se arrastra desde el inicio de los tiempos, ha sido objeto de reconocimiento legal a partir de la Constitución de 1931.Pero ese reconocimiento es excluyente, durante la Dictadura, para los emigrantes exiliados por razones políticas.

La Constitución española ni reconoce ni establece expresamente el derecho a emigrar, porque la emigración es una consecuencia del “derecho a entrar y salir de un país”, ya sea como elección individual, ya como fenómeno social, tal como se consagra en el art. 19.

Las normas internacionales, que van desde el art. 13 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, pasando por el Convenio Europeo de Trabajadores Emigrantes de 1977, o el propio Titulo X (arts. 151 y ss) del Tratado de Funcionamiento de la UE, no son más que un conjunto de instrumentos legales que, en muchos casos, se solapan, contradicen y reflejan un comportamiento que no se corresponden con la realidad social.

Otro tanto podríamos decir de las disposiciones de carácter nacional y autonómico. La Ley 40/2006, de 14 de diciembre del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que debiera constituir el marco básico de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas no es más que un claro ejemplo de esa “dispersión, confusión y falta de acierto” en la solución de los problemas de la emigración. Bastaría echar un vistazo a las muchas críticas y decisiones contradictorias sobre las sanciones a los emigrantes retornados, con expedientes que se incoan, amenazas de cobro con anuncio posterior de devolución… para apreciar que lo que decimos no es una boutade.

Es momento de corregir. Adolecemos de una política que fije unas directrices que contengan un análisis profundo, opiniones contrastadas, estudios profesionales y propuestas que partan del conocimiento de la realidad actual, en la que el problema de la emigración española se eleve a la categoría de “gran problema”, que merece que se le dedique un libro blanco, en el que deben participar, no los populismos ni las políticas sesgadas partidistas, sino los propios emigrantes a través de sus representantes cualificados para tan importante misión y con la cobertura y aceptación de todas las fuerzas políticas, porque la EMIGRACIÓN, no es un problema de partido sino un problema de Estado. Y los problemas de Estado no afectan a unos cuantos, sino que nos afectan a todos.