Esta demanda viene motivada por la falta de respuesta por parte de la Administración del Estado a la reiterada solicitud de los populares al acceso al PERE. Las diputadas Encarnación Moya, del Grupo Socialista, e Inés Sabanés, de Izquierda Unida (IU), defendieron el voto contra la proposición.
La diputada del Partido Popular Ana Abella fue la encargada de defender que la información del PERE debería ser entregada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder desarrollar las políticas que el propio Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior -así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid- reconoce a los Gobiernos regionales para la defensa de los derechos y deberes de los madrileños residentes en el exterior.
“La nueva Ley de Nacionalidad o la Ley de Memoria Histórica ha hecho que nuestra población residente en el exterior se haya visto incrementada en los últimos meses en mas de 24.000 nuevos ciudadanos, cifra muy superior a la media nacional”, resaltó la diputada popular. En ello se origina “la urgencia con la que reclamamos estos datos, para poder conocer dónde se encuentran estos nuevos madrileños y ver qué necesidades tienes”, agregó.
La diputada popular recordó además que “tras una resolución tomada de manera unánime por parte de todas las Comunidades Autónomas representadas en el Consejo de la Ciudadanía en el Exterior que convoca el ministerio de Trabajo, fue el mismo director general de Emigración en aquel momento, Agustín Torres, el 11 de febrero del año 2.009, el que se comprometió a elevar a las administraciones implicadas, ministerio de Asuntos Exteriores e INE, ya que él también reconocía la necesidad por parte de todos, incluida la administración central de tener estos datos”.
“De manera reiterada, en la última reunión de la Comisión Sectorial de la CCAA el pasado 30 de junio, la directora general de la Emigración al frente, Pilar Pin, se ha vuelto a solicitar dicha información. Esta petición ha vuelto a ser unánime por parte de todas las CCAA”, afirmó la diputada popular.
La diputada del PSOE dijo que “no se reconoce la autoridad autonómica en las políticas destinadas a la emigración, al considerarlo únicamente una competencia estatal”. Sin embargo, la diputada Abella recordó que las Comunidades Autónomas tienen departamentos, entes o direcciones destinadas a esta materia, y que el Ministerio de Trabajo e Inmigración que se ocupa de estas políticas creó hace unos años una reunión sectorial de autonomías en la que en la actualidad están todas representadas. Incluso, destacó, con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de la ciudadanía, se pasa de tener tres Comunidades sentadas en los plenos, a estar todas. “El desconocimiento en la materia de la señora Moya es total y absoluto, además de demostrarnos que no le interesan en absoluto los ya más de 210.000 madrileños residentes en el exterior”, matizó Abella.
“Está claro que si el PSOE llegase a ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid, se desharía de las políticas de emigración de un plumazo, ya que no las reconoce, ni como políticas, ni como sociales”, opinó Abella, quien aseguró que “tratar de confundir la petición de este padrón con un fin electoral es querer engañar a la gente. Esta petición lleva hecha más de dos años, y gracias a una muy severa Ley de Protección de Datos, no se puede “jugar” ni utilizar de manera libre estos datos de carácter privado”.