El Gobierno revisará la ley de libertad religiosa y apuesta por una reforma limitada de la Constitución

Además de estudiar la modificación electoral, se compromete a abordar el desarrollo reglamentario de la ley de memoria histórica

El Rey (al fondo con Zapatero) preside el Consejo de Ministros en el que recibió información de los planes del Gobierno. EFE

Fueron tres de los objetivos de la legislatura expuestos por De la Vega en la Comisión Constitucional, la primera comparecencia de un miembro del nuevo Gobierno.
Sobre la reforma de la ley de Libertad Religiosa, el portavoz del PP, Federico Trillo, pidió al Gobierno que deje “las cosas como están” ante el temor de que ese sea “un pretexto para hacer una ley contra determinadas creencias” como la suya, la católica. Según De la Vega, el Gobierno quiere reformar la ley orgánica de Libertad Religiosa, que data de 1980, para “adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso” que caracteriza a “la España de hoy”. Deberá establecer, añadió, garantías para la libertad de conciencia e incorporar los acuerdos hoy vigentes entre el Estado y otras confesiones religiosas, además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los últimos años.
Igualdad en el voto
Sobre la posible reforma de la ley electoral, De la Vega avanzó que el Gobierno promoverá de inmediato una subcomisión en la Comisión Constitucional del Congreso para estudiar la cuestión y que pedirá al Consejo de Estado un dictamen que sirva como instrumento de trabajo. La propuesta recibió el aval de todos los portavoces parlamentarios, al igual que la iniciativa de reformar la Constitución, a pesar de que formaciones como el PNV y ERC abogaron por cambios más amplios que los propuestos por De la Vega. No obstante, el portavoz del PP, Federico Trillo, si bien dejó claro que su grupo no se opone a la reforma de la ley electoral, pidió que los cambios no afecten en ningún caso al derecho al voto de todos los españoles, que han de desempeñar en condiciones de igualdad en cualquier parte del territorio nacional.
Izquierda Unida, por su parte, propuso una reforma de la ley electoral que conllevaría aumentar hasta 400 el número de diputados en el Congreso y reducir a uno el mínimo de escaños por provincia, así como crear una “bolsa” o fondo estatal de restos de votos para repartir los cincuenta nuevos asientos en la Cámara Baja. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, anunció que solicitará una reunión con la vicepresidenta primerapara tratar sobre el cambio de la ley electoral.
Cabe recordar que el Bloque Nacionalista Galego, adscrito al Grupo Mixto del Congreso, había presentado también sus propias propuestas de reforma de la ley electoral en las que plantea un cambio de la circunscripción electoral para que los diputados sean elegidos en las comunidades autónomas y no por las provincias, como ocurre en la actualidad. Paralelamente, el BNG presentó una proposición de ley para cambiar la regulación del voto de los emigrantes de tal manera que, en lugar de hacerse por correo como hasta ahora, se facilite el voto en urna en mesas instaladas en embajadas y consulados.
Junto a estas cuestiones, De la Vega propuso también a los diputados la reforma constitucional que fue imposible alcanzar en la pasada legislatura. Se tratará, afirmó, de una reforma “pactada y limitada” para convertir el Senado en verdadera Cámara de representación territorial, incorporar la denominación de las Comunidades Autónomas en la Carta Magna, garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado e introducir el proceso de integración europea. En suma, una reforma “necesaria, justificada y demandada”, según De la Vega, quien confió en encontrar el consenso necesario, aunque advirtió que de no lograrse, aparcaría la cuestión.
Por otra parte, De la Vega se comprometió a abordar el desarrollo reglamentario de la ley de la memoria histórica y reiteró la intención de aprobar una ley integral para la Igualdad de Trato.


Reconocimiento de sanciones de la UE no afecta a las multas de tráfico

El Consejo de Ministros ejecutivo, después del deliberativo presidido por el Rey, aprobó un proyecto de ley que permitirá el reconocimiento mutuo automático de las sanciones pecuniarias impuestas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, pero que no será de aplicación a las multas de tráfico impuestas a los ciudadanos comunitarios en España. La ley, sin embargo, sí posibilitará que el resto de los países de la UE pidan a España que ejecute las multas de tráfico impuestas a los ciudadanos españoles en su territorio. Así, España no podrá pedir que se paguen las multas de tráfico que recaigan sobre ciudadanos extranjeros y que no haya cobrado en el momento de la infracción, pero que sí estará obligada a ejecutar las multas impuestas en otros países que sean recurribles en la vía penal.
La reciente reforma del Código Penal español en materia de seguridad vial, sin embargo, sí permitirá aplicar la nueva ley a las multas que formen parte de las penas impuestas por las conductas que ahora se consideran delito -incluida la de no tener permiso de conducir-, ya que en esos casos sí interviene la jurisdicción penal.


El Rey conoce los objetivos estratégicos de la legislatura

El Gobierno trasladó al Rey el pasado día 9 los objetivos estratégicos de la legislatura en política exterior y compartió con el jefe del Estado la visión de una España “próspera, decente, digna, responsable y solidaria, que no mira hacia otro lado a la hora de asumir responsabilidades”. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó al término del Consejo de Ministros que presidió Don Juan Carlos las líneas de actuación del Ejecutivo en su política exterior que trasladaron al Rey los miembros del Ejecutivo.