El Gobierno reformará el Código Penal para introducir la prisión permanente revisable

Afectará a delitos de terrorismo, asesinatos de menores y genocidios

Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz-Gallardón y José Manuel Soria.

Gallardón presentó en el Consejo de Ministros el informe sobre la futura reforma del Código Penal, que introduce dos figuras novedosas para los delincuentes más peligrosos: la prisión permanente revisable, similar a la cadena perpetua que se aplica en otros países, y la custodia de seguridad.

La prisión permanente tendrá una duración indefinida, que podrá ser revisada tras un tiempo de privación de libertad, en función de las circunstancias del reo, mientras que la custodia de seguridad será una medida privativa de libertad de una duración máxima de diez años para casos excepcionales, una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal valore si se mantiene la peligrosidad.

La revisión podrá hacerse después de 25 a 35 años en función de la gravedad de las penas, y antes de cumplirse esos plazos no podrá solicitarse.

Gallardón aseguró que se trata de “un tipo penal que cumple perfectamente todos los requisitos de reinserción que marca nuestra Constitución” y es equiparable a medidas semejantes que se aplican en otros países europeos como Francia o Suiza.

Déficit eléctrico

Además, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley con medidas fiscales para poner fin en 2013 a la generación del déficit de tarifa eléctrica, texto que contempla la creación de siete tasas o impuestos, y que prevé recaudar unos 2.700 millones de euros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el objetivo es lograr un sistema eléctrico “solvente y sostenible” y acabar con el “agujero” de 24.000 millones de euros dejado por anteriores ejecutivos que, además, si no se hiciera nada crecería unos 5.000 millones al año en los próximos ejercicios.

Sáenz de Santamaríasubrayó que el propósito del Ejecutivo ha sido el de no trasladar al consumidor todo el peso de esta deuda, ya que de hacerlo habría que subir el recibo de la luz una media del 43%.