El ministro de Fomento y portavoz, José Blanco, ha informado de que el Ejecutivo ha aprobado la reducción temporal, hasta el 31 de diciembre de este año, del IVA por adquisición de vivienda nueva, del 8 al 4 %. El objetivo de esta medida es “dar salida al stock de vivienda y reactivar un sector como el de la construcción”. La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, por su parte, ha señalado que la medida tendrá un impacto neto “positivo” en la recaudación de IVA por venta de viviendas, ya que los ingresos por casas que no se venden son “cero”. Además, la venta de viviendas que ahora están en el balance de las entidades financieras permitirá la liberación de crédito, ha añadido.
Con respecto a la modificación de la Ley del Impuesto de Sociedades, también contemplado en el Real Decreto, el ministro ha asegurado que el Gobierno, con carácter temporal, modifica el porcentaje del cálculo de pagos fraccionados que deben realizar las grandes empresas. “Quiero remarcar que en ningún caso se trata de incrementar el Impuesto de Sociedades, no se trata de un incremento impositivo”, ha asegurado José Blanco. Estas medidas serán convalidadas en Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las defiende ante los grupos parlamentarios en una sesión que se celebra el 23 de agosto.
La tercera medida aprobada por el Consejo de Ministros se encamina a la mejora de la gestión del gasto farmacéutico, “ya que se puede ahorrar manteniendo la calidad de la sanidad pública”, ha asegurado José Blanco. Esta medida se estima que supondrá un ahorro para las comunidades autónomas de 2.400 millones euros y de 167 para los ciudadanos. El ministro portavoz ha informado que los médicos deberán recetar el medicamento por el nombre de su principio activo y no por la marca comercial y los farmacéuticos dispensaran el medicamento a menor precio. El real decreto ley recoge medidas en el ámbito de la aplicación de las nuevas tecnologías de cara a una mayor calidad, equidad y cohesión del SNS. El Gobierno, en coordinación con las comunidades, deberá establecer en el plazo de seis meses un formato único y común de tarjeta sanitaria válido para todo el Sistema Nacional de Salud.