El cónsul de España en Venezuela, Aníbal Jiménez Abascal, declaró a España Exterior que “está planteado abrir entre los dos países nuevos canales, al más alto nivel, para que puedan abrirse los cauces de dialogo para impulsar las acciones que permitan restablecer los intereses lesionados”.
Responde así el cónsul general a la incertidumbre de cientos de ciudadanos españoles que esperan desde el año 2005 la indemnización de la propiedad de sus tierras, expropiadas por el gobierno venezolano. “Por carta oficial ya nos hemos dirigido al presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), el mayor general Luis Motta Domínguez, solicitando la reanudación de las conversaciones”.
En declaraciones exclusivas a España Exterior, el cónsul Abascal insiste en que la búsqueda de una solución debe hacerse “en el marco de continuar con las buenas relaciones que se mantienen con el gobierno de Venezuela”.
Solo 9 indeminizaciones de 120 casos
Plantea que el cambio de Gobierno en España permite dar un nuevo impulso a las negociaciones que se mantuvieron hasta el mes de enero del año 2011. Los resultados que arrojaron aquellas mesas de trabajo impulsadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero dejaron insatisfechos a la mayoría de los afectados. Solo se logró el pago de nueve indemnizaciones, de los 120 casos de expropiación de tierras registrados en el Consulado.
Admite Abascal que esos 120 casos registrados son apenas la punta de un iceberg, por cuanto la ciudadanía española de clase media residente en Venezuela ha sido especialmente maltratada en el país a partir del año 2005. Fue este año cuando se comenzó a conocer de confiscaciones de tierras.
El Consulado tiene pendientes por encontrar solución, además de a 120 fincas agropecuarias, a unas 60 tierras urbanas e industriales, y el pago de expropiaciones de grandes empresas como Agroisleña o Friosa. Pero se conoce que la suma de familias e industrias afectadas es muy superior. Dice Abascal que se ha conseguido indemnizar a 21 fincas, algunas desocupaciones y devoluciones y que varias empresas estén en negociación.
Con respecto al caso de los hermanos Solórzano, españoles-venezolanos dueños de la finca el Hato La Vaca, a quienes todavía no se les ha cancelado la totalidad de la expropiación, expresó Aníbal Abascal que el Consulado solamente puede promover el buen entendimiento entre las partes y la búsqueda de una solución. “Pero la solución pasa por el Gobierno venezolano y España no tiene base jurídica para intervenir más allá de las gestiones de buena voluntad”. “Igualmente -agregó- hemos apoyado a todos los afectados, pero tampoco podemos abocarnos a ningún caso particular”.
Los hermanos Solórzano
La situación de los hermanos Solórzano es particularmente sensible por la difusión que ellos han hecho de su caso a través de dos huelgas de hambre a las puertas del Consulado de España en Venezuela. Afirman que suspendieron la segunda protesta del año 2011 por cuanto se les canceló un 10% de la deuda con la promesa del pronto pago de la cifra restante acordada. Volvieron a amenazar con una nueva huelga de hambre el viernes 16 de marzo pero a la hora acordada no se presentaron.