Indicó que espera que en el mes de abril se complete el despliegue de la normativa, de la que este primer año se beneficiarán 200.000 personas.
El Gobierno prevé completar el despliegue de la ley de dependencia el próximo mes de abril, una vez que estén aprobados todos los reglamentos establecidos en la norma, de manera que, a partir de esa fecha, las personas afectadas podrán comenzar a recibir los servicios y ayudas previstos. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, acompañado por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, detalló el proceso de implantación de la ley.
Aunque calculó que en España hay 1,2 millones de personas en situación de dependencia, Jesús Caldera especificó que este año sólo recibirán atención unos 200.000 afectados, considerados como grandes dependientes, para que en ejercicios posteriores, hasta el el año 2015, puedan incorporarse el resto de posibles beneficiarios. “Nadie quedará sin protección por falta de recursos económicos”, aseguró el ministro, quien agregó que, aunque hasta abril no esté completamente desplegado todo el contenido de la ley, los afectados pueden comenzar a solicitar ya su evaluación.
Caldera recordó que el sistema tendrá una gestión descentralizada, se implantará de 2007 a 2015 y su financiación recaerá en las Comunidades Autónomas y la Administración central, que en estos años aportarán 26.000 millones de euros en conjunto, así como en los usuarios. Un baremo determinará el tipo de prestación a la que tiene derecho cada persona, en función de su nivel de dependencia, y habrá un catálogo nacional de prestaciones mínimas, que incluirá servicios de ayuda a domicilio, centros de día, servicios de autonomía personal, atención residencial, ayudas técnicas y ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar.
Pese a que todas las prestaciones podrán ser ampliadas por las Comunidades Autónomas, Jesús Caldera confió en que no haya grandes desigualdades entre las distintas Autonomías. Estimó, además, que la norma permitirá hasta el 2015 la creación de unos 350.000 empleos directos, para los que se ofrecerá una formación específica, y un aumento del 1,56 por ciento del Producto Interior Bruto del país.
Según el ministro, la ley da prioridad a la prestación de servicios por delante de las ayudas económicas, configuradas como una segunda alternativa, aunque en los primeros años, “en los que hay que crear las infraestructuras” necesarias, es probable que sean más comunes las ayudas monetarias. El Ministerio puso en marcha un número gratuito de atención telefónica (900 40 60 80) para informar a aquellas personas interesadas en conocer la normativa.