“Es de justicia que también puedan decidir como nosotros”, dijo.
La vicepresidenta Fernández de la Vega, que compareció en la Comisión Constitucional del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante las futuras reformas de la legislación electoral, se refirió a la posibilidad de extender el derecho de sufragio a los extranjeros que, en todo caso, deberá realizarse dentro del marco establecido por la Constitución, en el sentido de que permitan votar a los españoles en sus países de origen. No obstante, el Ejecutivo está dispuesto a explorar y consensuar en sede parlamentaria las diversas propuestas interpretativas que se formulen y a trabajar por encontrar, dentro de la Constitución, aquellas fórmulas que permitan extender el derecho a voto “al mayor número posible de extranjeros” con residencia permanente en España.
“Si viven con nosotros, trabajan con nosotros, pagan impuestos como nosotros y utilizamos los mismos servicios públicos, es de justicia que también puedan decidir con nosotros”, apuntó la vicepresidenta. El embajador en misión especial que nombrará el Gobierno negociará los acuerdos de reciprocidad electoral con los diferentes países comenzando por aquellos que con mayor número de inmigrantes en España.
El objetivo del Gobierno es aprovechar las posibilidades que ofrecen algunos Tratados de Cooperación y Amistad, que fueron ratificados por España y que prevén, ya en la actualidad, extender el derecho de voto en las elecciones municipales a los extranjeros nacionales de los Estados signatarios, como es el caso de Noruega, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, solamente el Canje de Cartas acordado con Noruega se está aplicando actualmente. El resto de tratados precisan de la firma de acuerdos complementarios, en los que se prevean las condiciones en las que se extenderá este derecho a los extranjeros nacionales de tales países y en las que dichos países reconocerán el derecho al voto a los españoles.
Según la vicepresidenta, es voluntad del Gobierno tomar la iniciativa para generar el diálogo que permita alcanzar los acuerdos necesarios para extender el derecho de sufragio. De igual manera, el Gobierno explorará la posibilidad de firmar tratados similares con aquellos países cuya Constitución y cuya legislación lo hagan posible, como Bolivia, Paraguay, Perú o Islandia. Existe otro grupo de países en los que la celebración del acuerdo de reciprocidad ofrece especiales dificultades, debido a que su Constitución o su legislación impide en la actualidad que reconozcan el derecho de sufragio en sus elecciones a los españoles, como China o Guinea Ecuatorial. En otros países, como Brasil, Ecuador, Guatemala o República Dominicana, la firma del acuerdo obliga a un cambio de su propio texto constitucional, dado que es ésta la que lo impide.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, insistió en que aunque hay que respetar el derecho de los inmigrantes que viven aquí, también el de los españoles que viven en esos países, por lo que tiene que haber una reciprocidad en ese derecho al voto de ciudadanos de otras naciones. Dijo que “cualquier español que viva allí” debe tener los mismos derechos y también las “mismas garantías democráticas”, informó EFE.