El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presentó al Consejo de Ministros un informe sobre tres anteproyectos de ley: el de Mediación, el de reforma de la Ley de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje institucional de la Administración General del Estado, y el de la Ley Orgánica, complementaria de los dos anteriores, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar las competencias de los juzgados y tribunales en estas materias. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que estas iniciativas se enmarcan en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2010 y “tienen como principal objetivo disminuir el número de litigios y procurar que los conflictos se resuelvan de la manera más sencilla y rápida”.
El titular de Justicia, Francisco Caamaño, apuntó que el año pasado entraron en el sistema de Justicia más de nueve millones de asuntos, lo que supone una cifra enorme que “incluso la mejor Administración de Justicia tendría grandísimas dificultades para procesar de manera ágil y en un tiempo efectivo para todos los ciudadanos”. En su opinión, los tres anteproyectos de ley estudiados por el Ejecutivo contribuirán a reducir este flujo de entrada de asuntos en la Administración de Justicia “sin menoscabo de los derechos, las libertades y las garantías que deben tener los ciudadanos”.
Por otra parte, el Consejo de Ministros autorizó la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para instrumentar la Línea de financiación del Plan FuturE 2010, que tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética de las instalaciones turísticas en condiciones muy ventajosas. María Teresa Fernández de la Vega destacó que la principal novedad de este plan, dotado con 400 millones de euros, respecto al anterior es que se podrá financiar hasta el cien por cien de la inversión. Además, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Reglamento de Centros de Reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores. Se simplifican los trámites administrativos. Además, se reforzarán las inspecciones para evitar las malas prácticas en este ámbito.