El Gobierno extenderá la Ley contra la Violencia de Género a las mujeres que residen en el exterior

Además, acordaron priorizar el retorno de aquellas víctimas que lo soliciten.
Así lo explicaron en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que Torres comentó que las víctimas de violencia de género serán colectivo prioritario en el acceso a las ayudas extraordinarias para facilitar su regreso a España. Una vez en España, entrarían en el sistema de protección integral diseñado dentro del ámbito territorial.
El presupuesto para llevar a cabo estas acciones saldrá del Programa para mujeres de la Dirección General de Emigración, que este año cuenta con una partida de 35 millones de euros. Los ejes sobre los que girará esta estrategia son: el apoyo al movimiento asociativo de mujeres en el exterior, la puesta en marcha de campañas de sensibilización y la búsqueda de convenios con los países de residencia para establecer niveles similares de protección tras la denuncia.
"El primer trabajo que tenemos que desarrollar es conocer cómo está el fenómeno de la violencia de género en este colectivo", explicó Orozco. Para ello, la Delegación Especial tiene previsto promover acuerdos con los institutos de estadística de distintos países para que en la contabilización de la violencia de género tengan en cuenta a las extranjeras, y especialmente a la españolas. Así, el próximo mes de julio, la Delegación llevará a acabo esta acción en Guatemala.
Otro de los objetivos es crear Unidades de Seguimiento que permitan informar a las víctimas de los pasos a seguir en cada uno de los países. Para optar de forma prioritaria al retorno, según explicó, tendrán que presentar un título acreditativo de su situación de violencia, aunque no tiene porqué ceñirse exclusivamente a la denuncia.
El director general de Emigración, Agustín Torres, señaló a España Exterior que la idea es que en cada Consejería de Trabajo haya una serie de personas formadas en la atención a las víctimas de violencia de género.
Elecciones al CGCEE
Por otra parte, Torres explicó que el pasado 31 de marzo finalizó el mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y que en breve dictará una resolución de convocatoria de elecciones a consejeros. El director general adelantó que el próximo pleno del CGCEE se celebre posiblemente en el mes de octubre. “Hay que dejar tiempo para que todos los Consejos de Residentes elijan a los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior”, afirmó. Además de los consejeros también habrá que elegir al nuevo presidente.
Decretazo
Además, señaló que su departamento ha pedido al Tribunal Constitucional que les remita una copia del fallo que declara inconstitucional el Real Decreto Ley de la reforma laboral de 2002, más conocido como &#145decretazo&#146 para estudiar en qué medida puede afectar a los residentes en el exterior. Con este decreto se había eliminado el acceso de los retornados de países de la Unión Europea al subsidio de desempleo al entender la Administración que deberían ser los países de emigración los que se hicieran cargo de esta prestación.