El pleno del Congreso sobre la última cumbre europea, celebrado después de que la UE haya flexibilizado el objetivo de déficit de España y haya aprobado una ayuda bancaria de hasta 100.000 millones de euros, sirvió a Rajoy para dejar claro que seguirá la mayoría de las recomendaciones de Bruselas.
El pasado viernes el Consejo de Ministros sacaba adelante las medidas anunciadas por Rajoy en el Pleno del Congreso y aprobó subir el tipo general del IVA del 18 al 21 % y del 8 al 10 % en el caso del reducido. Se mantendrá el 4 % en el tipo superreducido para productos de primera necesidad. Al mismo tiempo, las cotizaciones sociales bajarán un punto en 2013 y un punto adicional en 2014.
Se reformará la tributación medioambiental, impulsando el principio de que «quien contamina, paga»; se cambiará el sistema de pagos fraccionados del impuesto de sociedades, y se contempla la subida de la imposición del tabaco.
Para reducir gastos, los nuevos parados verán reducida su prestación por desempleo a partir del sexto mes, al pasar del 60 % al 50 % del cobro de la base reguladora, aunque no se modificará la duración máxima de esta ayuda, 24 meses.
Otro de los ajustes -pero ya para 2013- vendrá al eliminarse la deducción por compra de vivienda habitual, también recomendada por la UE.
En cuanto a la función pública, los funcionarios y altos cargos no cobrarán la paga de Navidad en 2012, pero los primeros la recuperarán como fondo de pensiones a partir de 2015.
Además se reducirá el número de días de libre disposición de los funcionarios, los seis «moscosos» actuales, se ajustará el número de liberados sindicales a lo estrictamente dispuesto en la ley y se facilitará la movilidad de los empleados públicos.
En lo que queda de 2012, las partidas de todos los ministerios se recortarán en 600 millones de euros más.
Y el año que viene, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales verán mermadas en un 20 % las subvenciones estatales que reciben, como ya ha ocurrido en este ejercicio.
Junto a estas propuestas ha recordado la inminencia de la reforma de la administración local, que reducirá un 30 % el número de concejales; la revisión del sistema de dependencia, la supresión de la mayoría de las bonificaciones a la contratación y la exigencia de haber trabajado para cobrar la Renta Activa de Inserción.
El Gobierno llevará al Pacto de Toledo la reforma de la jubilación anticipada, emprenderá una segunda reducción de empresas y fundaciones públicas y liberalizará los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario.