La decisión se enmarca dentro del Plan de Vivienda Regional 2007-2010, suscrito el pasado 2 de mayo, que prevé la creación de 8.000 pisos.
La medida, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, prevé la adquisición por parte del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia de suelo radicado en la Comunidad con destino a la promoción y construcción de vivienda protegida, con un presupuesto de 2 millones de euros y mediante un concurso público.
Esta iniciativa es una de las primeras medidas del Plan de Vivienda Regional, en el que el Gobierno adquirió el compromiso de impulsar la construcción, directamente o por medio de convenios, con empresas de promoción de viviendas.
Una vez publicado el texto del concurso en el Boletín Oficial de la Región, habrá un plazo de un mes para que se presenten las ofertas, con el fin de resolverlas antes de final de año.
El texto aprobado considera el suelo, tanto público como privado, en todo el territorio apto para ello dentro de la Región de Murcia.
Así mismo, quedan fijadas en el documento las cláusulas administrativas que regulan las condiciones del concurso público, como son plazos de presentación de la oferta, las características que ha de reunir el suelo, la documentación técnica y urbanística que han de presentar los ofertantes, los componentes de la Mesa de contratación, los criterios de preselección y ponderación y los criterios de adjudicación.
Sin carga o gravamen
El suelo que se oferte no debe estar afectado por ningún tipo de servidumbre, carga o gravamen y deberá estar clasificado como ‘Urbano’ o ‘Urbanizable Sectorizado’.
Entre los criterios para la valoración de las ofertas y para su posterior adjudicación, fijados y cuantificados en el pliego de cláusulas administrativas, se tendrán en cuenta la geometría del solar, su topografía, tipo y características geotécnicas del suelo, los servicios urbanísticos existentes y la proximidad de equipamientos actuales o previstos.
El texto aprobado por el Consejo de Gobierno especifica que será una empresa de tasación la que se encargará de la valoración de los terrenos, y el precio resultado de la valoración así realizada será el ofertado por la Administración.