El objetivo es que, en las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, los residentes en el extranjero ya puedan votar telemáticamente para “evitar que se repita la vergüenza de los comicios del 27 de septiembre”, en los que sólo 14.000 personas de un electorado potencial de 200.000 pudieron enviar su voto por la dificultad propia del sistema de votación y por problemas en la recepción de la documentación necesaria para participar.
Así lo explicó la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno. La consellera denunció que el 27-S se “negó de hecho” el derecho a voto de los ciudadanos catalanes que viven en el exterior, una “anomalía” que generó “mucha frustración e impotencia”. “Queremos evitar el calvario que pasaron el 27 de septiembre”, dijo Borràs quien también recordó que muchos residentes en el extranjero tuvieron que destinar “tiempo y dinero” para poder votar.
El Plan de Acción que elaborará el Gobierno para implementar el voto electrónico tendrá que garantizar que el proceso sea “seguro, secreto y transparente”. “Somos una Administración moderna, pionera e innovadora y también lo seremos en esto”, destacó Borràs. El documento, en que se fijará el modelo de voto electrónico que se implementará, estará terminado en el plazo de tres meses y aprovechará el marco general que ofrece la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg). “El marco jurídico estatal nos permite ir hacia adelante con el voto electrónico”, detalló Borràs. El Gobierno sólo habrá de aprobar los decretos necesarios para implementarlo y solicitar la colaboración de la Junta Electoral Central para validar las papeletas y de la Oficina del Censo Electoral para verificar la identidad de los votantes. Las primeras pruebas piloto se harían antes de finales de año.
Las líneas de actuación que se tendrán que recoger en el futuro Plan de Acción se encuentran en cinco grandes ámbitos. Por un lado, se llevarán a cabo acciones para evaluar el modelo de voto electrónico más adecuado para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio a las personas que viven en el exterior. Entre las opciones posibles está el suministro en línea de la documentación electoral necesaria para votar, sin que el proceso sea totalmente automatizado; el voto electrónico presencial en terminales ubicadas en varios puntos de votación; y el voto electrónico no presencial o remoto.
El otro gran ámbito de actuación hace referencia al marco jurídico vigente, relativo al voto de los catalanes residentes en el exterior, que se habrá de adaptar mediante un decreto de regulaciones complementarias, en el que se contemple la opción del voto electrónico con total “seguridad jurídica”.
Asimismo, hará falta determinar los requerimientos tecnológicos necesarios por implementar el voto electrónico y garantizar la integridad, la privacidad y la transparencia del proceso, mediante la creación de una plataforma de votación segura. En este sentido, las aplicaciones, herramientas y servicios electrónicos que se desarrollen tienen que garantizar la seguridad en la identificación del votante y la no duplicidad de participación de una misma persona, así como el carácter universal, libre, igual, directo y secreto del voto, además de la transparencia del escrutinio. La plataforma de votación electrónica ha de incorporar medidas de seguridad adelantadas, tiene que contar con los servicios técnicos necesarios para garantizar el correcto mantenimiento y funcionamiento, y ha de incluir la auditoría de la solución tecnológica seleccionada.
Una cuarta línea de actuación tiene que servir para superar los retos y barreras sociales, administrativas, legales y económicas que supone implementar el voto electrónico. En este sentido, se prevé la posibilidad de llevar a cabo pruebas piloto de votación a través de medios electrónicos, antes de generalizar la aplicación. Está previsto que, antes de finales de año, la plataforma de votación permita hacer las primeras pruebas en el ámbito local o sectorial.
Finalmente, el Gobierno también prevé poner en marcha campañas dirigidas a los ciudadanos con la finalidad de informarlos sobre el voto electrónico y de formarlos en el uso de la plataforma tecnológica de votación electrónica, con el objetivo de generar el hábito y la confianza entre los ciudadanos. Asimismo, se adoptarán medidas para que el personal de la Administración involucrado en los procedimientos electorales se familiarice con la plataforma de votación electrónica.
En el plazo de tres meses a contar desde la publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge informará al Gobierno sobre las medidas concretas que conforman las líneas de actuación del Plan de Acción. Este plan se redactará en coordinación con otros departamentos de la Generalitat, especialmente el Departament de la Presidència y el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.