La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, compareció el pasado 11 de noviembre en las Cortes de Castilla y León a petición propia para explicar el Servicio de Apoyo Intengral a las Familias en Riesgo de Desahucio, que depende de su departamento, al que más de 134 familias han solicitado cita previa para demandar sus atenciones, de las cuales 77 han sido consideradas como casos “de urgencia”, según Milagros Marcos.
La Junta ha trabajado durante este año en el diseño de un Programa Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio “que contribuya, del modo más eficaz posible, a prevenir situaciones de sobreendeudamiento, riesgo de insolvencia y riesgo de pérdida de la vivienda familiar como consecuencia de las dificultades en el pago de las hipotecas concedidas”, según dijo.
Lo que se pretende con la implantación de este nuevo servicio es ayudar a las familias a prevenir situaciones de exclusión social motivadas por las circunstancias coyunturales de insolvencia hipotecaria que pueden poner en riesgo la vivienda habitual.
Milagros Marcos señaló que de las más de 134 familias que han solicitado cita previa, sólo seis no cumplían los requisitos, bien porque no residían en la Comunidad o porque la vivienda en riesgo de desahucio no estaba en Castilla y León. Y explicó que de las solicitudes realizadas a través del teléfono 012 ya se han atendido cerca del 48 %. Marcos aseguró que en los 77 hogares, cuyo caso se calificó como urgente y con necesidad de atender a la “mayor brevedad”, ya hay procedimientos judiciales abiertos o ya se ha llevado a cabo el lanzamiento de la vivienda.
Los destinatarios
Se trata de un servicio fundamentalmente orientado a familias totalmente integradas socialmente, pero que están viendo comprometida su estabilidad familiar como consecuencia de la crisis, causante de su situación de endeudamiento hipotecario. “Los destinatarios, por lo tanto, son personas físicas en situación de insolvencia sobrevenida o riesgo de insolvencia, cuando exista: una situación objetiva de sobreendeudamiento por dificultades económicas, coyunturales y sobrevenidas, que impida afrontar las obligaciones de pago, y se dé el caso de que la situación de insolvencia o riesgo de insolvencia tenga efectos sobre la vivienda habitual gravada con garantía hipotecaria”, explicó la consejera.
En cuanto a los tipos de intervención que este servicio contempla, son tres las actuaciones posibles: preventiva, la interlocución y paliativa. La de carácter preventivo, destinada a personas que se encuentren en situación de sobreendeudamiento y en riesgo de insolvencia, mediante el uso, como instrumento esencial, del Plan de Economía Familiar.
En segundo lugar, la interlocución, destinada a personas que se encuentren en riesgo de ejecución hipotecaria, mediante el apoyo a la elaboración de propuestas de planes de reestructuración de la deuda.
Y, en tercer lugar, de carácter paliativo, destinada a personas en situación de lanzamiento hipotecario, a través: de las prestaciones sociales previstas en nuestro sistema de servicios sociales, programas de apoyo a familias, protección a la infancia, renta garantizada, y demás recursos. Y a través de la búsqueda de alojamientos alternativos en situaciones de emergencia.
Cuatro fases
Por lo tanto, las fases del proceso de intervención y atención podrían resumirse en cuatro. La primera de ellas es la fase de acceso, mediante el teléfono 012 puesto a disposición del Programa, con un Protocolo de atención que permite determinar el cumplimiento de los requisitos de acceso y la urgencia del caso, así como asignar citas.
Luego, la fase de información y orientación, que se lleva a cabo en las oficinas locales, mediante entrevistas con las personas cuyo caso se desea analizar, proporcionándoles información y apoyo social, y ayudándoles a elaborar el plan de economía familiar. Si fuera preciso, el caso se derivaría hacia otros servicios.
En tercera instancia, la fase de interlocución con las entidades financieras, que se realiza en la oficina central, la cual analiza el caso, estudia las variables y lleva a cabo la interlocución con las entidades financieras a efectos de alcanzar un plan de reestructuración de la deuda que posibilite la obtención de un acuerdo entre la familia y la entidad financiera.
Por último, la fase de solución o cierre, en la que se resolverá la intervención con la obtención de un acuerdo o, en caso contrario, elaborando una estrategia para afrontar la pérdida de la vivienda y la derivación, en su caso, hacia otros servicios.