El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó que la reforma del sistema financiero pretende conseguir un sector más saneado y mejor dimensionado, con el objetivo de que vuelva a ejercer su función principal: conceder crédito a familias y empresas para recuperar el crecimiento económico y la generación de empleo. La reforma no tendrá impacto en el déficit público; es decir, no supondrá coste alguno para el contribuyente, ya que los saneamientos los asumirán las propias entidades con cargo a resultados o a capital, para lo que se habilitan plazos razonables. Los activos inmobiliarios ligados al crédito promotor del conjunto del sistema financiero español ascienden a 323.000 millones de euros (a 30 de junio de 2011), de los que 175.000 millones se encuadran en la categoría de problemáticos.
Se establecerán saneamientos adicionales por un valor total de 50.000 millones de euros a través de nuevas provisiones y colchones de capital. El régimen de fusiones previsto en la norma establece que las entidades que opten por esta vía deberán presentar un plan de viabilidad y medidas de gobierno corporativo que hagan posible una integración rápida y eficiente. Asimismo, las entidades en proceso de fusión deberán asumir compromisos de ampliación en la concesión de crédito. Además, tras el Consejo de Ministros, De Guindos anunció que habrá límites en los sueldos de los directivos de las entidades bancarias. Entre otras, aquellos directivos de las entidades intervenidas por el Estado no podrán cobrar más de 300.000 euros al año. Supone una reducción del 76 por ciento del salario respecto a la media actual.