El Consejo de Ministros aprobó el Plan de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, que detallaron las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y Elena Salgado. La iniciativa entrará en funcionamiento de forma inmediata. María Teresa Fernández de la Vega explicó que tiene un triple fin: “defender nuestro modelo social, garantizar la sostenibilidad financiada de las Administraciones Públicas y proteger la igualdad de los ciudadanos ante la Ley”. Elena Salgado manifestó que la primera actuación es la lucha decidida contra los paraísos fiscales dentro y fuera de la Unión Europea. El Ejecutivo también pretende coordinar las actuaciones de cooperación internacional, dijo, en las operaciones con características transfronterizas, y luchar, por ejemplo, contra las redes de fraude del IVA.
En el ámbito estatal, Elena Salgado considera necesario realizar campañas de sensibilización social para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social. Salgado dijo que las actuaciones de control se centrarán en las áreas donde pueda haber más riesgo de actividad o de trabajo no declarado, mediante la identificación conjunta y el intercambio de información entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
En el ámbito de la recaudación, el Plan recoge la creación de una Comisión Mixta entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para coordinar las actuaciones de grandes expedientes y procesos concursales. El Ministerio de Economía y Hacienda estima que gracias a las 60 medidas de aplicación inmediata del Plan se obtendrán unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB, es decir, unos 1.000 millones de euros hasta 2013.
El Plan de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social completa las iniciativas específicas que ya se venían desarrollando los organismos competentes, como el Plan de Prevención del Fraude Fiscal. Elena Salgado aseguró que el Gobierno ha ejecutado unos planes importantes “con resultados excelentes” en la prevención y lucha contra el fraude fiscal y laboral.
Entre los años 2005 y 2009, ha precisado, la recaudación adicional, producto de la lucha contra el fraude fiscal, reportó a la Hacienda Pública 35.500 millones de euros.
Y en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, “donde la intención primera no es recaudatoria”, se produjeron unos ingresos adicionales de 1.425 millones de euros, a los que se suman 960 millones como producto de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, dijo.