No se incluye la subida del IVA pero sí el fin de bonificaciones en el impuesto de sociedades y una amnistía fiscal para atraer capitales. El ajuste es de 27.300 millones de euros y los ministerios reducirán el gasto una media del 16 por ciento.
El Consejo de Ministros dio el visto bueno a la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que suponen un importante esfuerzo en el control del gasto para reducir el déficit público y alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que si la situación económica hubiera sido distinta “probablemente” las decisiones del Gobierno hubieran sido muy diferentes. Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, cifró el ajuste de los Presupuestos en 27.300 millones de euros, entre el control de gastos y aumento de ingresos.
La reducción media del gasto de los ministerios es del 16,9 por ciento.Los más afectados por estos recortes son el de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con una reducción del 54,4 por ciento, el de Fomento, con un 34,6 por ciento, y el de Industria, Energía y Turismo, con un 31,9 por ciento. Los departamentos que sufrirán una menor reducción con el Ministerio de Presidencia, el del Interior y el de Empleo y Seguridad Social, con un 3,8, 4,3 y 7,4 por ciento, respectivamente. Se programa una reducción de 594 millones en transferencias a la Agencia Española de Cooperación y, respecto a Defensa, se prevé una rebaja de 351 millones en inversiones, fundamentalmente en Programas Especiales de Defensa. Se reducirán en 322 millones las ayudas para acceso a la vivienda. Se mantienen la actualización de las pensiones, las prestaciones por desempleo y el gasto social en algunas partidas, como la de becas; mientras se congela el sueldo a los funcionarios. Cristóbal Montoro añadió que se mantienen las transferencias a las administraciones territoriales, lo que “significa financiación de los servicios públicos, educación, sanidad, protección social, y el mantenimiento de becas y de la seguridad”.
El ministro subrayó que todas las medidas “pretenden garantizar la consecución del déficit público del 3,5 por ciento” para la Administración General del Estado.Por su parte, la vicepresidenta aseguró que “el Gobierno no va a subir el impuesto del IVA para no perjudicar el consumo y la recuperación económica, pero sí se exigirá un impuesto, esta vez a través del impuesto de sociedades, a las grandes empresas y se pondrá en marcha un programa de regularización fiscal”. En concreto, hacía referencia a que se establece un gravamen especial del diez por ciento para regularizar las rentas no declaradas, tanto para que las vengan de fuera como para la que afloren en España. El programa estará en vigor hasta el 30 de noviembre de este año y permitirá recaudar unos 2.500 millones de euros, lo que supondrá que afloren unos 25.000 millones de rentas ahora ocultas, según las previsiones del Gobierno.
Además, el Consejo de Ministros vio el informe del Ministerio de Justicia sobre las tasas judiciales. Las tasas ya existentes desde primera instancia en el Orden Civil y en el Contencioso-Administrativo se aplicarán también en lo Social, pero sólo en segunda instancia.El ministro de Economía, Luis de Guindos, no asistió al Consejo de Minsitros en el que se dio el visto bueno a estas medidas, ya que estaba en Eurogrupo informal de Copenhague, donde explicó los Presupuestos españoles. “España va a dejar de ser un problema para la Unión”, declaró.