Así respondió en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta a una pregunta formulada por el portavoz adjunto del grupo mixto Alfredo Belda, de Coalición Canaria, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles en relación con la expropiación de empresas por parte del Estado venezolano.
Entre 2005 y 2009, el Gobierno venezolano ejecutó 762 expropiaciones forzosas de terrenos y empresas, con una tendencia ascendente en el último año, cuando se han registrado 374 casos, ha precisado Belda.
El senador de Coalición Canaria expresó su preocupación por la situación de estos ciudadanos que se encuentran con dificultades para recibir un justiprecio, «que no se cobra o es ridículo», lo que supone pasar «de una expropiación a una auténtica incautación».
Ha puesto como ejemplo el caso de la compañía Agroisleña, fundada hace 52 años por un emigrante canario en Venezuela y que se dedica a la comercialización y distribución de productos agrícolas, cuenta con unos 2.000 trabajadores y 55 filiales repartidas por veinte Estados de Venezuela.
«Hace falta más voluntad política por parte de su Gobierno en la defensa de los ciudadanos españoles que están siendo expoliados en Venezuela», reclamó el senador de Coalición Canaria.
Moratinos explicó que, tras la orden ejecutiva de nacionalización de la empresa Agroisleña, que anunció recientemente el presidente venezolano, Hugo Chávez, el Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España se pusieron a trabajar «inmediatamente» para lograr una solución satisfactoria para los empresarios españoles.
El Ejecutivo español se mantiene en permanente contacto con los afectados, utiliza los canales de diálogo con el Gobierno venezolano y actúa con prudencia para facilitar una solución aceptable para los propietarios de las empresas, señaló el titular de Exteriores.
«Si no hay diálogo con las autoridades venezolanas, sería muy difícil defender situaciones complejas y difíciles en relación con nuestros nacionales», insistió Moratinos.
El jefe de la diplomacia española recordó que hace dos años y medio también se habló de una nacionalización del Banco Santander y luego se resolvió, al tiempo que ha expresado el deseo del Gobierno de obtener «el mismo compromiso y el mismo resultado» en relación con Agroisleña.
«Lo vamos a obtener, acompañando las actuaciones de los propietarios de la empresa, pero también instándoles a utilizar la Corte Internacional de Arbitraje cuyo recurso es posible gracias al acuerdo de protección recíproca a inversiones que firmó este Gobierno», explicó Moratinos.
Recordó que hay una mesa de trabajo entre el Instituto Nacional de Tierras y el Consulado de España, que da buenos resultados y puso como ejemplo que hace tan sólo 48 horas se llegó a un acuerdo para indemnizar a ocho fincas agrarias por un valor de 3 millones de euros.
El ministro hizo hincapié en que el Gobierno avanza, en Venezuela y en cualquier lugar del mundo, a través del diálogo, la firmeza y la voluntad para resolver los casos específicos y defender los intereses españoles y de España.