El presidente aragonés esperará a unos informes para pronunciarse.
El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, concretó que se realizará una conducción urgente de agua ya en circulación desde Tarragona hasta la depuradora de Abrera, en Barcelona, mediante una tubería de un metro de diámetro. La obra requerirá seis meses de trabajo y una inversión de 180 millones de euros. De la Vega precisó que la iniciativa “atiende a una situación de emergencia”, ya que de persistir la sequía los ciudadanos de Barcelona se encontrarían en octubre sin agua para beber. “Un Gobierno responsable debe atender a esta emergencia”, ya que sería “imperdonable y claramente irresponsable” no hacerlo, dijo. Según la vicepresidenta, el Gobierno y la Generalitat catalana estudiaron distintas alternativas y consideran que ésta es la mejor solución porque supone que no se extraerá “ni una gota más del Ebro”.
Fernández de la Vega añadió que es una solución “sostenible” y “temporal”, que sólo se utilizará hasta que entre en servicio la desaladora de El Prat o hasta que termine la situación de emergencia. Además, la conducción no tiene impacto medioambiental, porque se utiliza el trazado de la autopista AP-7. Asimismo, recordó que es igual que otras conducciones realizadas con anterioridad. La vicepresidenta concluyó su explicación señalando que “no se extrae ni una gota más del Ebro, por lo que no estamos hablando de trasvase, sino de conducción” de agua ya en circulación, tal y como refleja un informe emitido por la Abogacía del Estado, según la Moncloa.
Al día siguiente, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se reunió con los consejeros de las Comunidades Autónomas para abordar este medida. Aunque la ministra explicó que todos habían expresado su apoyo, el consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné, transmitió a Espinosa la necesidad de que el Estado y Cataluña busquen soluciones alternativas a la propuesta de abastecimiento de Barcelona aprobada en el Consejo de Ministros. Boné explicó que informó a la ministra del Acuerdo del Consejo de Gobierno extraordinario del 16 de abril de 2008, en el que el Gobierno de Aragón reiteró su oposición a cualquier trasvase del Ebro, atendiendo al Estatuto de Autonomía aragonés.
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, señaló que “la solución a la que ha llegado el Gobierno de España para abastecer de agua de boca a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona resuelve un problema urgente de manera puntual, sin detraer agua del Ebro”. Añadió que espera a los informes al respecto, pero que . “si se toca un solo litro de agua del Ebro, tendremos la obligación de oponernos”. Los consejeros del PP, por su parte, apoyaron la medida porque “da respuesta a una necesidad”. Creen que ahora hay que revisar la situación del conjunto de España y rescatar el Plan Hidrológico Nacional.
Comunidad Valenciana y Murcia
Días antes, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y su homólogo de la Región de Murcia, Ramón Luís Valcárcel, reclamaron al Gobierno central la recuperación integral del Plan Hidrológico Nacional en el que se contemplaba el trasvase del Ebro. Camps y Valcárcel aseguraron que Zapatero, al apoyar este trasvase a Barcelona, reconoce la “validez total” y “absoluta” del trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional. Señalaron que la acción de Barcelona no tiene que ser provisional porque forma parte de un proyecto que contempla parala ciudad 180 hectómetros cúbicos que “exigimos como necesarios para el futuro de Barcelona, su área metropolitana y sus expectativas de crecimiento”. Pidieron el mismo trato para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería porque el trasvase es necesario para su futuro. Por su parte, Valcárcel dijo que presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso para que el trasvase del Ebro, además de a Barcelona, se haga también a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.