La Dirección General de Migraciones reconoció en el año 2012 un total de 27.018 beneficiarios de prestación por razón de necesidad de los cuales 26.422 percibieron la correspondiente a ancianidad y 596 la de incapacidad para el trabajo, según los datos actualizados del tercer trimestre del año. Así lo refleja el Informe de la Secretaría del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior presentado en el pasado Primer Pleno del VI Mandato celebrado en Santiago de Compostela los días 1 y 2 de octubre.
Asimismo, un total de 14.226 españoles residentes en 15 países se beneficiaron de asistencia sanitaria gracias a los 19 convenios que ha firmado el Gobierno español con diversas entidades para garantizar esta prestación a los beneficiarios de la pensión por razón de necesidad cuando carezcan de ella o se considere insuficiente.
La mayor parte de los beneficiarios de asistencia sanitaria en 2012 residen en Venezuela (5.537), Argentina (2.699), Uruguay (2.602) y Brasil (1.958).
Para estos tres conceptos (pensiones por ancianidad, por incapacidad y prestación de asistencia sanitaria en el exterior) se destinaron en 2012 algo más de 70 millones de euros.
Estas prestaciones están reguladas en el Real Decreto 8/2008. En él se establece que las prestaciones económicas por razón de necesidad, igual que las no contributivas otorgadas en España, se conceden en función de los recursos económicos tanto del solicitante como de los miembros que integran la unidad económica de convivencia. Por tanto, “la prestación económica reconocida no constituye un derecho adquirido vitalicio sino que, para su mantenimiento, se requiere la renovación anual con la presentación de una ‘fe de vida y declaración de ingresos’ en la que se reflejen los datos actualizados relativos a la situación económica y familiar del interesado.
La prestación por ancianidad tiene por objetivo “proporcionar unos ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas a los españoles mayores de 65 años que se encuentran en una situación de precariedad y residan en el exterior.
En cuanto a la incapacidad absoluta para el trabajo, ´´esta situación viene definida en el mismo Real Decreto 8/2008 así como el procedimiento para su valoración que la realizan, con carácter general, los facultativos de la entidad que preste la asistencia sanitaria y cuando el beneficiario cumpla 65 años pasará automáticamente a serlo de una prestación económica por ancianidad.
Según los datos estadísticos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el año 2011 fueron beneficiarios de prestación por ancianidad en algún momento del año un total de 33.385 personas, de las cuales 20.748 fueron mujeres y 12.637 varones. El importe medio de esta prestación ascendió a 173,81 euros al mes.
En cuanto a la prestación por incapacidad el número total de perceptores registrado durante el año 2011 fue de 770 personas, 409 varones y 361 mujeres, y el importe medio de esta prestación ascendió a 246,5 euros al mes.
En el Real Decreto 8/2008 también se regulan las pensiones asistenciales por ancianidad para españoles de origen retornados. Se trata de aquellos emigrantes españoles que residan en países donde se abonen las prestaciones por razón de necesidad que pueden ser beneficiarios de la pensión asistencial por ancianidad cuando retornen a España, siempre que acrediten insuficiencia de recursos y hasta que tengan derecho a una pensión no contributiva del sistema español de Seguridad Social.
Otra condición para recibir esta ayuda es haber nacido en España o residido en nuestro país al menos durante ocho años antes de cursar la solicitud.
La cuantía destinada a estas ayudas asciende en 2012 a 2 millones de euros y el número de beneficiarios asciende a 494 personas, la mayoría de Galicia (178).
La cuantía de la pensión para los retornados es la misma que se fije para la modalidad no contributiva de la pensión de jubilación en España que en 2012 quedó establecida en 5.007,80 euros anuales.
‘Niños de la guerra’
Por otra parte, la Dirección General de Migraciones también gestiona las prestaciones de los ‘niños de la guerra’ que tienen como finalidad compensar las carencias de los españoles que fueron desplazados en su infancia o juventud al extranjero como consecuencia de la Guerra Civil española. Esta prestación se reconoce a los ciudadanos de origen español desplazados durante su minoría de edad al extranjero -entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1939- y que han desarrollado la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
El importe de la prestación para 2012 es la diferencia entre los 7.059 euros fijados como cuantía máxima y la cantidad anual que ya percibía el beneficiario por otros conceptos. Es decir, que la prestación para los ‘niños de la guerra’ no se suma sino que complementa los ingresos del pensionista.
Según los datos facilitados por la Dirección General de Migraciones, actualmente hay 1.919 beneficiarios de esta prestación que residen en el extranjero y 125 que ya eran perceptores en su país de residencia y que han retornado a España y la siguen percibiendo.
Para estas ayudas se han destinado en 2012 un total de 8,8 millones de euros y 550.000 para los que han retornado a España.
La cuantía máxima de la prestación para ‘niños de la guerra’ en 2013 ha quedado fijada en 7.129,69 euros por año, lo que supone un incremento del 1% respecto al año 2012. Así lo anunció la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, el jueves 4 de octubre en su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados para explicar los presupuestos de su departamento.
En el año 2011 el número total de beneficiarios ascendió a 2.047 de los cuales 744 fueron varones y 1.303 mujeres. La inmensa mayoría residían en América Central y América del Sur (1.724). Por países, la mayor parte de los perceptores de esta prestación en 2011 tenían su residencia en México (587) y Argentina (550). Por último, el importe medio de la ayuda fue de 380,7 euros al mes.
Oficina Española del Retorno
Otro servicio que ofrece la Dirección General de Migraciones es la Oficina Española del Retorno que cumple el cometido que le encomienda el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior con el objetivo de dar al ciudadano una información completa o derivando al interesado al órgano de la Administración competente en la materia objeto de consulta.