El Estado avalará a las administraciones en el pago de las facturas pendientes a los proveedores

Agrupará todos los organismos reguladores con lo que ahorrará cuatro millones de euros

El Consejo de Ministrosa aprobó un Real Decreto Ley de creación del mecanismo de financiación a entidades locales para el pago a proveedores. La norma fija la operativa para que los contratistas puedan cobrar las facturas que tienen pendientes. Además, el Gobierno dio el visto bueno a la remisión a las Cortes de un Proyecto de Ley para modificar la normativa vigente con el fin de posibilitar el aval del Estado en futuros mecanismos de financiación de todas las administraciones públicas para el pago a proveedores. Las corporaciones locales tendrán la obligación de suministrar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con anterioridad al 15 de marzo, el listado de las facturas de las deudas pendientes con sus proveedores.

Esas facturas pendientes de pago tienen que haberse generado por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012.Asimismo, tendrán que remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes del 31 de marzo, un plan de ajuste que permita hacer frente en el futuro al pago de esas deudas, al reintegro de las cantidades que van a servir para pagar a los proveedores y aquellas medidas que garanticen su viabilidad económica y financiera.La vicepresidenta del Gobierno dijo que la medida se está elaborando teniendo muy presente la delicada situación de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, que están en condiciones muy difíciles para continuar con sus negocios como consecuencia de la morosidad de las Administraciones Públicas.

Las empresas que perdonen parte de la deuda, cobrarán antes.Por otra parte, se analizó un informe sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de los organismos supervisores. El objeto de la norma es crear la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, que agrupará las funciones de supervisión de los organismos independientes existentes en la actualidad. El objetivo de esta medida es evitar duplicidades y ganar competitividad y eficiencia. Supondrá un ahorro de 4 millones de euros en sueldos y retribuciones de consejeros.