El objetivo es disponer de ella en el plazo de 18 a 24 meses.
Según manifestó el portavoz de la Mesa pola Sostenibilidade da Construcción da Edificación en Galicia, Celestino García Braña, los requisitos que introducirá ese certificado, que tendrá carácter voluntario, no implicarán “costes desorbitados”.
La conselleira de Política Territorial, María José Caride, defendió que los costes sociales de la medida serán menores porque los edificios consumirán menos energía.
La directora xeral de Fomento e Calidade da Vivenda, Encarna Otero, señaló que estos trabajos cumplen en gran parte el Código Técnico de Edificación.