El Gobierno informó de que comunidades autónomas se han comprometido en la reunión del 27 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a plantear ante sus respectivos parlamentos regionales, en un plazo máximo de seis meses, la aprobación de una regla de gasto coherente con la ya aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 1 de julio para la Administración General del Estado y las entidades locales. El contenido de la regla autonómica de gasto será definido por un grupo específico de trabajo que se reunirá el próximo mes de septiembre. La intención del Ejecutivo era que esta regla de gasto se acordase ya, pero las autonomías prefirieron posponerla, con lo que se aplaza medio año la solución.
La reunión estuvo precedida de una gran expectación, debido a que las comunidades autonómas gobernados del PP exigían un aplazamiento de la deuda que tienen con el Estado, en virtud de los ingresos a cuenta que éste hizo, y lo justificaban en la necesidad de tener financiación para cumplir los servicios básicos. Finalmente, no se autorizó el aplazamiento, aunque el Gobierno ofreció a las comunidades créditos del Instituto de Crédito Oficial. El propio presidente del PP, Mariano Rajoy, daba a conocer antes del encuentro esta petición de aplazamiento de la deuda, a lo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respondió que “todos debemos cumplir nuestras responsabilidades institucionales”, sobre la contribución de las comunidades al control del déficit.
El Gobierno propuso, en concreto, abrir una línea del Instituto Oficial de Crédito que financie la mitad de las devoluciones a las que tienen que hacer frente las comunidades autónomas en 2012. Así, las autonomías podrán disponer de nuevas líneas de crédito ICO para pagar a proveedores por un importe de alrededor de 2.500 millones de euros a devolver en tres años.
Tras la reunión, el vicepresidente segundo del Gobierno central, Manuel Chaves, acusó a las comunidades de querer posponer recortes de gastos por motivos electorales, mientras desde el PP acusaron al Gobierno de cargar a las comunidades con sus errores.
Recursos y devolución de competencias.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que llevará al Gobierno ante el Tribunal Constitucional; mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, impugnará la decisión de Salgado “de no compensar a la Comunidad de Madrid por la exención” del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que decidió el Gobierno.
Salgado, además, dijo que “es imposible” devolver competencias al Estado, en respuesta a la amenaza del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel de renunciar a Sanidad y Educación, ante la falta de recursos para garantizar la prestación de estos servicios Por otro lado, el CPFF ha aprobado que ada comunidad podrá incurrir en un déficit equivalente al 1,3% de su PIB regional en 2012; al 1,1% en 2013; y al 1% en 2014, en coherencia con el objetivo establecido para el conjunto de las comunidades autónomas en el acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 29 de abril.
El Consejo ha informado favorablemente los planes económico-financieros de reequilibrio correspondientes a las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.