El Defensor del Pueblo llamó la atención por retrasos en la tramitación de prestaciones a emigrantes

En concreto, a los perjuicios que sufrieron muchos beneficiarios por las demoras en la adaptación administrativa e informática requerida para aplicar el Real Decreto 8/2008 de 11 de enero por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.
Según señala el informe del Defensor del Pueblo, la transición de las ayudas que hasta entonces se estaban otorgando a las nuevas prestaciones necesitó de 6 meses, “en los que los beneficiarios no pudieron acceder a ninguna de las dos prestaciones” al establecerse en el artículo 10 del mencionado Real Decreto que los efectos económicos de la concesión se generarán a partir del mes siguiente al de la presentación de la solicitud”.
Por este motivo, señala el informe, la Oficina del Defensor del Pueblo “llamó la atención de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración sobre la imprevisión que esta situación evidencia”.
Para el Defensor del Pueblo, “la Administración tendía que haber organizado sus servicios para estar en condiciones de tramitar las peticiones conforme a la nueva normativa desde la fecha de su entrada en vigor” y en este caso concreto esta actuación “parece especialmente necesaria en atención a las situaciones de necesidad en las que con frecuencia se hallan los beneficiarios de estas prestaciones”.
El documento fue entregado por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, al presidentes del Congreso de los Diputados, José Bono, el martes 22 de junio.
Otro de los ámbitos en los que la Oficina del Defensor del Pueblo ha recibido varias quejas ha sido el de los Consejos de Residentes Españoles (CRE). Se refiere el informe al caso concreto de la demarcación consular de Cartagena de Indias en la que tras la creación de un Consulado General no se ha iniciado el proceso de creación de un CRE pese a cumplirse los requisitos legales establecidos.
También se refiere el informe a una investigación sobre la difusión de la convocatoria para la constitución del CRE de Londres.
Perjuicios por la gestión centralizada de pasaportes
Por otra parte, repite el informe de 2009 la referencia a las quejas provocadas por la implantación de un sistema de expedición centralizada de pasaportes por la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares para cumplir con el reglamento europeo sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en estos documentos.
En concreto describe un caso muy curioso de un menor cuyo primer pasaporte se emitió cuando tenía 6 meses de edad. Al intentar su renovación en el Consulado de Quito esta oficina manifestó tener dificultades para certificar la identidad -debido al sustancial cambio físico experimentado por el interesado-. Finalmente, un año después de la petición de renovación del pasaporte la solución fue otorgar al menor un salvoconducto que le permitiera acceder a territorio español y documentarse. Según el Defensor del Pueblo “este ejemplo evidencia las gravosas consecuencias que el sistema de gestión centralizada puede implicar para algunos ciudadanos”.
Actuación consular en casos de emergencia y atención a presos
Por otra parte, el informe señala que “resultan habituales las quejas relacionadas con la actuación de las representaciones en el exterior en situaciones de emergencia que afectan a los ciudadanos españoles”.
En este sentido señala varios casos en Bolivia, Venezuela, Irán y Turquía.
El Informe del Defensor del Pueblo incluye un apartado específico referido a la atención de los presos españoles en el extranjero con varios casos graves sobre todo a causa de las malas condiciones de las cárceles en muchos países de Iberoamérica y de África.