En el Informe de 2016 el Defensor del Pueblo critica que no se haya producido un aumento de los medios humanos y materiales con los que cuentan las oficinas consulares acorde con el incremento de su actividad registrado en los últimos años como consecuencia del aumento del número de españoles inscritos en los registros de matrícula consular.
Según los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), a 1 de enero de 2016, 2.305.030 personas con nacionalidad española residían en el extranjero. Esta cifra supone un incremento del 5,6% (121.987 personas) respecto a los datos a 1 de enero de 2015. Los países extranjeros en los que residían más personas de nacionalidad española, a 1 de enero de 2016, eran Argentina (439.236), Francia (232.693), Venezuela (188.025) y Alemania (139.555).
Según el Informe del Defensor del Pueblo, “la escasez de medios personales y materiales que padecen los consulados afecta a la calidad de la atención que se presta a los ciudadanos españoles en el extranjero”. En este sentido destaca, por su especial situación de vulnerabilidad, a los presos españoles en el extranjero que no siempre pueden ser visitados con la frecuencia que sería deseable. “Resulta preciso insistir en la necesidad de aumentar los medios personales y materiales destinados a la asistencia consular, adaptándolos a esta nueva realidad”, añade.
Nacionalidad
Las quejas fundamentales que recibido el Defensor del Pueblo durante 2016 en lo referido a la atención de los españoles en el extranjero trataron sobre asuntos relacionados con el funcionamiento de los registros civiles consulares. “Un año más, indica el informe, se ha de mencionar aquí el impacto que aún hoy sigue ocasionando en varios consulados la tramitación de las solicitudes de nacionalidad en aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre”.
En este sentido, el Consulado General de España en La Habana (Cuba) continúa siendo el que suscita un mayor número de quejas por la demora en la tramitación de las solicitudes de nacionalidad, en aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
En 2016 se ha rechazado la recomendación, formulada en 2015, para incrementar la dotación de personal del citado consulado. La Administración ha respondido que no es posible aceptarla por la actual situación de contención del gasto presupuestario, aunque sí se mantienen las contrataciones temporales de refuerzo. El plazo medio para la revisión de la documentación aportada en los expedientes de nacionalidad se ha incrementado durante 2016, alcanzando en enero de 2016 una demora de 34 meses, según indica el Informe del Defensor del Pueblo.
Por otro lado, en el Registro Consular de Guayaquil (Ecuador) se detectó que se pedían pruebas de ADN a los hijos de españoles para la inscripción de su nacimiento, por lo que en diciembre de 2015 el Defensor del Pueblo inició actuaciones para conocer los motivos. La Administración informó los hechos mencionados se debieron a una red de estafadores, problema que ya está resuelto.
También se inició una actuación relativa al cambio de práctica detectado en los consulados españoles en el extranjero, que se negaban a llevar a cabo el trámite ordinario de la jura o promesa en los expedientes de nacionalidad por residencia. La Secretaría de Estado de Justicia aceptó la recomendación para que el trámite de jura o promesa que completa el expediente de nacionalidad por residencia se pudiera realizar en los Registros Civiles Consulares.
Presos españoles en el extranjero
A lo largo de 2016 autoridades del Defensor del Pueblo han realizado visitas a presos españoles en el Corradino Correctional Facility de Malta; los reclusorios Norte (México DF) y de Ecotepec (Estado de México) en México; y la cárcel de Higüey, en República Dominicana.
Según datos facilitados por la Administración, a 30 de diciembre de 2016, 1.328 ciudadanos españoles se encontraban privados de libertad en el extranjero y en su inmensa mayoría por delitos relacionados con el tráfico de drogas. En esta materia, el Defensor del Pueblo formuló en marzo de 2016 una recomendación en la que se proponía la puesta en marcha de un procedimiento de intercambio de información o de datos entre la autoridad consular y la autoridad policial, así como la definición de un protocolo de actuación específico para los funcionarios consulares, en su atención directa con los ciudadanos españoles inmersos en situaciones delictivas relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Perú (con 243 ciudadanos españoles privados de libertad a 30 de diciembre de 2016) es el país desde el que un mayor número de españoles privados de libertad se han dirigido al Defensor del Pueblo. Así, durante 2016 la institución ha llevado a cabo actuaciones relativas a la situación en las prisiones peruanas de 18 españoles, de los que 2 fueron puestos en libertad.
Los expedientes de traslado a España de personas condenadas desde Perú, permanecieron suspendidos durante prácticamente tres años, circunstancia a la que, en muchos casos, había que añadir la demora adicional que supuso la huelga protagonizada por el poder judicial peruano. Al finalizar el año se apreció un cierto desbloqueo en dichos procesos, encontrándose en trámite, a finales del 2016, siete expedientes de traslado.
Marruecos (95 ciudadanos españoles se encontraban privados de libertad en ese país a 30 de diciembre de 2016) es el segundo país del que el Defensor del Pueblo ha recibido más quejas de ciudadanos españoles en 2016. En concreto, se han realizado actuaciones en 11 expedientes de españoles presos en aquel país. Las quejas se refieren fundamentalmente a la calidad de la asistencia sanitaria que se presta en las prisiones y a las solicitudes de agilización de traslado a España.