El Defensor del Pueblo indica en su Informe de 2011 respecto a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en lo relativo al acceso a la nacionalidad que “la dotación de recursos humanos y materiales asignados a los consulados para abordar las necesidades derivadas del volumen de solicitudes formuladas al amparo de la ley ha sido claramente insuficiente” lo cual ha provocado que “numerosos ciudadanos se dirigiesen al Defensor del Pueblo durante este año, manifestando su disconformidad ante la imposibilidad de solicitar una cita para presentar su expediente o, una vez presentado, obtener información acerca del estado de tramitación del mismo”.
Así lo recoge el Informe del año 2011 presentado ante el Congreso y el Senado por la actual Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de LLano, el pasado miércoles 28 de marzo.
En concreto se refiere a la situación del Consulado General de España en La Habana. El Informe indica que en este caso, “ante el número de quejas recibidas sobre este asunto”, se inició una investigación general para “identificar las dificultades existentes para posibilitar el acceso telefónico a los interesados”. Desde la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios remitieron un informe al Defensor del Pueblo en el que se indicaba que el propio Consulado de La Habana estaba recibiendo un promedio de casi 4.000 llamadas telefónicas a la hora entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde, según un estudio de la compañía proveedora del servicio telefónico.
Ante esta circunstancia, la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios indica en su informe que “resulta evidente que por muchas repeticiones de llamadas que existan, el número de efectivos que serían necesarios para dar una respuesta mínimamente adecuada a esta demanda está muy por encima de las posibilidades del Consulado General”.
El Defensor del Pueblo también recibió quejas en el mismo sentido respecto de los Consulados en Santo Domingo (República Dominicana); Bogotá (Colombia); Buenos Aires (Argentina), y Caracas (Venezuela).
Otras críticas
El Defensor del Pueblo también recibió a lo largo de 2011 un total de 22 quejas de españoles residentes en el exterior las cuales se referían en su mayor parte a problemas de atención en los consulados y relacionadas con prestaciones ofrecidas a los emigrantes por el Gobierno español.
Varias de ellas ser refirieron a los problemas que existen en la obtención de pasaportes para quienes viven lejos de los consulados generales al no contar con aparatos portátiles de grabación de datos biométricos.
Otras quejas son por la falta de información o información errónea recibida de los consulados y también hay una sobre la imposibilidad de formar un CRE en Cartagena de Indias simplemente porque el Consulado no cuenta con la aplicación informática necesaria para el vuelco de los datos del Registro de Matrícula del Consulado General de España en Bogotá.
Sobre la Loreg
Dicho Informe recoge también las peticiones realizadas para que presentase un recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la Ley Electoral.
En este asunto el Defensor del Pueblo reitera los argumentos para no presentar dicho recurso al considerar que dicha reforma se enmarca perfectamente dentro de las competencias del legislador para regular el derecho al voto.