El CRE de Montevideo comprobará si hay trabas en las entidades para el acceso de la mujer a puestos directivos

Fue una de las conclusiones del primer ‘Debate sobre la colectividad española en Uruguay’

Un momento del debate.

Este ‘Debate sobre la colectividad española en Uruguay’, cuyo primer capítulo fue ‘La participación de la mujer’, arrancó el compromiso de que el CRE tratará el tema de la participación de las mujeres en las directivas de las instituciones y analizará exhaustivamente si existen trabas legales para ello, recordando que las instituciones y asociaciones tienen personalidad jurídica bajo las leyes uruguayas que no prevé reserva de cuotas para las mujeres.

El debate organizado por los periodistas reunió a un panel masculino conformado por Jorge Torres, presidente de la Federación de Instituciones Españolas de Uruguay; Federico Iglesias, presidente de la Sociedad Española de Florida; Martín Rodríguez, presidente del CRE y de la Liga Española de Deportes; Manuel Vázquez, delegado de la lista joven al CRE, y Antonio Ríos, vicepresidente del Hogar Español y de la Asociación de Empresarios Gallegos de Uruguay.

Mientras tanto, el panel femenino estuvo integrado por Esperanza Romariz, consejera del CRE y secretaria del Partido Popular; Vicenta González, consejera del CGCEE y secretaria del PSOE; María del Carmen Fernández, vicepresidenta del Patronato da Cultura Galega; Rosita Lladó, directiva de la Federación de Instituciones Españolas, y Lorena Sierra, pro-secretaria de la Sociedad Campo Lameiro.

Muchos fueron los tópicos y las protestas realizadas tanto por ponentes como también por el público, enriqueciendo así un debate que continuará seguramente en un segundo capítulo que ya traerá a discusión propuestas concisas que se esbozaron en este primer capítulo.

Evolución
Durante el debate Jorge Torres recordó que hace 24 años el Centro Gallego reformó los estatutos para que la mujer pueda participar en la directiva, asegurando que “fue una de las instituciones pioneras en ese sentido. Antes no podían entrar a la institución negros, la mujer no podía votar y había una serie de requisitos más que eran muy discriminatorios”, explicando que desde esa época en adelante “ha habido una evolución más que significativa”.

Sin embargo no está de acuerdo con las cuotas, precisando que “sucede muchas veces que cuando uno invita a una persona joven o una mujer a integrar una directiva, comienza a valorar qué es lo que tiene que dejar para entregarle a la institución, en el caso de las madres con hijos jóvenes normalmente como las reuniones de directiva son de noche, tienen que dejar a sus hijos, y genera un sin fin de inconvenientes que hace que a veces la toma de decisión no sea tan fácil”, concluyendo con que “a los hombres nos pasa que nuestras mujeres nos permiten salir a desarrollar otras actividades por eso me refería más bien a una auto discriminación aunque, evidentemente de unos años a esta parte se ha visto aumentada esa participación, y hay instituciones que superan el porcentaje medio del 16 por ciento de mujeres en cargos de importancia, aunque todavía es muy poco”, concluyó.

Sin embargo Torres fue preciso en definir que “el tema del género no debe ser tenido en cuenta sino lo que debe valer es la capacidad de cada persona”, aclarando que “no estoy de acuerdo con el porcentaje de género porque hay una directiva como la del Patronato que son todas mujeres (solo hay dos hombres) y funciona perfectamente bien, o puede ser a la inversa, lo que pasa es que se vea con recelo que sean todos hombres”.

Obstáculos estatutarios
También fue puesto en duda la existencia de trabas estatutarias para la participación tanto de mujeres como de jóvenes en las instituciones españolas en Uruguay, lo que arrancó el compromiso de todos los integrantes del CRE allí presentes para realizar comprobar cuántas mujeres hay en las directivas y si existen trabas en las mismas para que legalmente puedan acceder a cualquier cargo.

Esperanza Romariz por su parte aclaró sobre este asunto que “también los jóvenes se sienten discriminados”, explicando que “hoy está bárbaro que haya un grupo de jóvenes, pero hoy aquí debería haber muchos jóvenes, no dos como hay, porque los jóvenes son tan discriminados como la mujer y el joven tiene que trabajar”, aseguró.

Enfatizó que el joven “va a tener obligaciones y derechos, pero acá no hay nadie, es más, no hay directivos de instituciones españolas, entonces a veces uno siente que está luchando contra la corriente que hablamos y hablamos”, remarcando que “es importante que la ley de igualdad se haga cumplir, para hacer pensar a las personas, porque lamentablemente solas no toman conciencia, entonces hay que hacerlo con la ley y ahí vamos a demostrar si servimos o no servimos”, remarcando que “las ayudas del gobierno español tendrían que ser dadas a las instituciones que cumplen con la ley”.

Otro de los problemas descubiertos en el debate es la obligación de ser nacido en España para dirigir algunas instituciones, “como por ejemplo el Hogar Español”, asegurando Romariz que “van a desaparecer las instituciones si siguen así”.

Mientras que el largo debate que duró más de dos horas permitió ir descubriendo como en algunos aspectos hombres y mujeres estaban de acuerdo, también los desencuentros fueron varios, tal como la existencia por ejemplo de campeonatos de conga femenino y otro masculino en la Liga Española de Deportes, lo que fue señalado por Martín Rodríguez, presidente de la Liga, como algo histórico que se había originado cuando las esposas esperaban a que sus maridos terminaran de jugar y entonces se creó un campeonato para ellas. Lo ilógico es que aún persista, como algunas comisiones de damas de algunas instituciones, aseguraron las ponentes femeninas.

Aplicación de la ley
El debate, que fue realizado en un marco de cordialidad y respeto por los organizadores y público en general, contó con la presencia de una representante de la AECI y del consejero de Trabajo, Julio Olmos, quien explicó que había venido a escuchar “porque estamos muy interesados por este debate”, explicando que “hace como tres meses enviamos desde la Consejería una nota a todos los centros e instituciones recordando que existe una ley la 11/2007 en virtud de la cual aquellos centros que perciban subvenciones, apoyos o fomentos del gobierno de España, deben dar pasos hacia eliminar aquellas barreras y obstáculos que no permitan una igualdad efectiva en sus centros”.

Aclaró asimismo que “esa ley se aplica allí donde haya una mujer o un hombre español. Es una ley que tiene carácter extraterritorial”, “se aplica allí donde exista una discriminación, simplemente habrá que ver la forma de desarrollarla”, precisó.