«En una revisión de la Ley Electoral General (LOREG), las direcciones nacionales de los partidos políticos españoles se han propuesto una reforma del voto exterior con el firme objetivo de seccionar hasta la insignificancia los derechos constitucionales de los españoles residentes en el exterior. Cuando, con mucho esfuerzo, trabajaban incansablemente para enviar las remesas que durante décadas ayudaron a sostener la balanza de pagos española, estos ciudadanos residentes en el extranjero eran llamados ‘buenos españoles’ o ‘patriotas’. Hoy, en un momento de selectiva amnesia histórica, son identificados con el eufemismo de ‘residentes ausentes'».
Con este párrafo se inicia el comunicad que el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Ginebra ha enviado a los medios de comunicación sobre la reforma de la Ley Electoral propuesta por el PSOE, el PP, el PNV y Convergencia i Unió y que suprime el derecho al voto en las elecciones locales de los españoles residentes en el exterior e instaura el voto rogado en los demás comicios.
«Nos cuesta creer que se esté preparando el reconocimiento legal de subcategorías inferiores de ciudadanía, vacías de contenido», así se manifiesta el CRE de Ginebra, que preside Francisco Ruiz, que también es presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), antes de criticar que, en su opinión, se haya eludido la Constitución, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior así como los CRE y el propio CGCEE.
En concreto Ruiz afirma que la reforma «podría vulnerar la Constitución española, ya que en vez de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio, la reforma planteada lo dificultaría». Sobre la supresión del derecho al voto en las elecciones locales, el CRE de Ginebra señala que violaría el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior ya que los españoles en el exterior dejaríamos de ser electores «en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado Español».
El CRE de Ginebra «rechaza enfáticamente cualquier reforma limitativa de sus derechos y discriminatoria de nuestra condición de ciudadanos residentes en el exterior» y anuncia que «los ciudadanos españoles en el exterior nos uniremos para impedirlo, cualquiera sea nuestra opinión política individual, pues se trata a todas luces de una propuesta discriminatoria, insolidaria, injusta y lamentable». En este sentido se avanza en el comunicado que «se están evaluando todas y cada una de las acciones que sean necesarias para evitar este atropello, haciendo reserva de nuestro derecho de presentar denuncias delante cualquier institución estatal e internacional, denunciando la flagrante, anticonstitucional y discriminatoria supresión de derechos a más de un millón y medio de ciudadanos de uno de sus países miembro».