Así lo adelantaron los consejeros Antonio Iglesias Conde y Juan Marí durante la última emisión de la audición España Exterior en Radio-Galicia Hoxe, donde expresaron la “profunda preocupación” que causa entre la colectividad la disminución del dinero que percibían desde España como pensionistas no contributivos. “Esta carta surgió porque para el CRE es una obligación que se sepa en España el malestar que causó esta medida”, explicaron.
En ese sentido, recalcaron que a pesar de que las jubilaciones que paga el Gobierno argentino han aumentado levemente en los últimos meses, esta situación puede suponer que desde Madrid se crea que los emigrantes que cobran la pensión no asistencial tienen los suficientes ingresos como para vivir dignamente: “Lamentablemente esto no es así, porque si bien aumentaron las jubilaciones, también se ha incrementado la inflación y subió el costo de vida, y conocemos muchos casos de emigrantes que tienen que dejar de comprar medicinas que necesitan para poder comer”.
Iglesias Conde y Marí explicaron que muchos emigrantes no hacen públicos sus reclamos “por desconocimiento o miedo a que les quiten las pensiones, cuando es un derecho que les corresponde y está establecido en la Constitución”.
La reducción de los montos de las pensiones asistenciales se produjo luego de la aplicación del decreto del 30 de diciembre de 2005, por el cual se estableció que el tope de ingresos para percibir la pensión sea de 777 pesos mensuales (aproximadamente 194 euros) en lugar del anterior, que era de 934 pesos.
“El importe anterior ya resultaba insuficiente para cubrir las necesidades básicas de subsistencia; suponer que en Argentina 777 pesos alcanzan para cubrir los gastos mínimos para llevar una vida digna es desconocer la realidad socioeconómica del país. Por ejemplo, aquella suma sólo alcanzaría para pagar el alquiler de un modesto departamento o adquirir los alimentos para consumo de un mes, en caso de poseer vivienda propia. ¿Cómo se arreglarán los beneficiarios para sufragar además los gastos de medicamentos, indumentaria, o los servicios de gas, luz y agua?”, subrayaron los consejeros del CRE en la carta enviada a Caldera.
Así, los consejeros consideran que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España debería tener en cuenta que los españoles jubilados en la Argentina “no gozan de los justos beneficios que disfrutan sus homólogos en nuestra Patria. Algunos reciben la ayuda de hijos o familiares, pero no todos cuentan con ese auxilio, por lo que caen en la indigencia; además, todos los emigrantes, reciban o no ayuda familiar, sufren la triste situación de llegar al ocaso de sus vidas sin medios de subsistencia que les permitan llevar una existencia digna”.
En ese sentido, los miembros del CRE de Buenos Aires sostienen que para lograr una óptima aplicación de los recursos que destina el Gobierno español a los emigrantes es necesario que estos lleguen a quienes realmente lo necesitan, por lo que en la carta ofrecieron a Caldera la colaboración del Consejo en busca de ese objetivo.
El mensaje transmitido por los consejeros a Caldera, firmado por la presidenta del CRE, María Teresa Michelón Martínez, y Marí, quien se desempeña como secretario del consejo, finaliza apelando a la sensibilidad del ministro, “seguros de que pondrá remedio a esta situación con la premura que exige evitar que los emigrantes padezcan las privaciones a las que son arrastrados”.