Según el citado documento, Fernando Martínez Westerhausen, cónsul español en Sao Paulo, informa al Ministerio de Asuntos Exteriores, de manera detallada, de la “retención de Alfredo Prada”, responsable de emigración del Partido Popular, el día 10 de diciembre en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo.
En este informe se expone que lo ocurrido tiene características de “retorsión” -la acción de devolver o inferir a alguien el mismo daño o agravio que ha recibido- “aplicada por el trato que supuestamente se dispensa a los brasileños en el aeropuerto de Barajas”. Además, explica también el comportamiento que le dispensó al propio cónsul el comisario de Policía, que le mandó callar bajo la “amenaza” de acusarle de coacción a la Policía, la actitud “un poco humillante” que mantuvo el fiscal, que “fue complementada por la de la jueza”, quien recurrentemente añadía la “coletilla” de que el señor Prada había recibido “mejor trato” que el “dispensado a los brasileños en Barajas”.
El citado ‘informe reservado’, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, comienza describiendo la llamada telefónica que recibió el cónsul de Alfredo Prada, explicándole que se encontraba “retenido” en el aeropuerto. “Según me dijo, había discutido con una de las funcionarias del escáner en torno a si podía llevar o no un frasco de colonia de 100 mililitros y un tubo de crema de afeitar del mismo volumen”, relata.
Intimidaciones y malos tratos
Añade que la discusión se encrespó y que un policía federal pidió al político del PP que le acompañase a la Comisaría y le retiró el pasaporte. “Según afirma el señor Prada, fue objeto de intimidaciones y malos tratos por parte de policías federales”, explica el cónsul, quien añade que a su llegada a la Comisaría, la Policía Federal “tuvo buen cuidado en comportarse correctamente”.
Sin embargo, expone que “al intentar yo resolver por las buenas -y en tono de la mayor cordialidad- el asunto para evitar que el problema subiera de nivel, el comisario me amenazó con acusarme de coacción a la Policía si no me callaba”.
El documento recoge también que la Policía Federal acabó acusando a Alfredo Prada de “desacato” y que iniciaron el correspondiente expediente que les llevó al Juzgado de Primera Instancia de Guarulhos, donde se celebró una audiencia de “tentativa de transacción penal”, que consiste, según se explica, en un acuerdo entre el presunto autor de los hechos y el fiscal con intermediación de un juez, con el fin de determinar una multa con la que concluye el procedimiento. Este es un paso previo a la acción penal, a la que se llegaría si no hay acuerdo.
Fue allí donde el Fiscal pidió un certificado de antecedentes penales y la vista tuvo que posponerse al día siguiente, hasta recibir por mail desde Madrid una copia de dicho certificado, ya que el fiscal no aceptó el ofrecimiento del cónsul de extender uno en el que se afirmara que no tenía constancia de que el señor Prada tuviera antecedente penales.
Tras el desarrollo de la audiencia, la conclusión del cónsul es que el incidente tenía “algunas características de retorsión, aplicada por el trato que supuestamente se dispensa a los brasileños en el aeropuerto de Barajas”.
Actuación humillante del fiscal
Pone como ejemplo que el fiscal, en su exposición, señaló que algunos extranjeros “consideran a Brasil una república bananera” y añade que “de manera que podría parecer un poco humillante, hizo hincapié en el carácter ‘pedagógico’ de la medida que proponía, para que sirviera de lección al señor Prada”.
En base a estos argumentos, el fiscal propuso una multa de 25.000 reales, que equivalen a unos 8.300 euros, cuando la multa por este tipo de casos suele ser de unos 300 euros, tal y como expuso el abogado durante la audiencia. “Afortunadamente y tras una hábil negociación del citado abogado, la multa quedó finalmente establecida en 6.000 reales, equivalentes a unos 2.000 euros, cantidad de todos modos muy superior a la habitual e inmediatamente satisfecha por el señor Prada”, recalca el informe.
El cónsul también hace constar la actitud que mantuvo la juez, de la que afirma que la “conducta” del fiscal fue “complementada” por esta -de quien señala que “por cierto, hizo gala de ser hija de aragoneses y tener pasaporte español-. Según el documento, la juez, en la primera sesión de la audiencia -que se desarrolló en dos sesiones- ya hizo una alusión a que “el trato recibido por el señor Prada era mejor que el dispensado a brasileños en Barajas, repitiendo en varias ocasiones el mismo latiguillo durante el desarrollo de la sesión del jueves 11”.
Incluso, señala el diplomático español, al final de la audiencia “se refirió a mi en tono de chanza, diciéndole a nuestro oficial administrativo Gilson Bonini algo así como: ‘Ah, ¿ese es el cónsul?, pues espero que no me impida el paso en Barajas’”.
Consultas a superiores
El informe dice que la descrita conducta del fiscal y la juez “suscita interrogantes” sobre si ambos actuaban tras consultar a sus superiores y/o a la Policía Federal y “siguiendo sus indicaciones”. El cónsul señala que se inclina a creer que sí, “ya que -argumenta–, dada la potencial conflictividad del asunto, dudo que se hubieran atrevido a obrar por su cuenta con el talante que he relatado”.
A su entender, este episodio “revela” que el tema de la inadmisión y, en su caso, expulsión de brasileños de España “no ha sido aún satisfactoriamente resuelto y por ello aflora de vez en cuando”. “Tal vez -expone- una de las dificultades radique en que esta opinión pública haya asumido la convicción de que no tratamos correctamente a los brasileños, siendo muy difícil erradicar ese sentimiento.
El documento también resalta que, en el incidente de Alfredo Prada, una vez conseguido el acuerdo, la “transacción penal” implica el archivo del caso “sin que quede registrado para nada en los antecedentes del autor del hecho”.
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El diplomático fue cesado fulminantemente por filtrar el informe
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Un día después de conocerse el informe el cónsul Fernando Martínez Westerhausen fue cesado de su cargo y llamado a Madrid. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, justificó la decisión porque éste reconoció que había filtrado el informe del incidente.
Moratinos explicó que el cese de Fernando Martínez Westerhausen, fue decidido por la junta de la carrera, en la que están representadas las diferentes categorías de la carrera diplomática, y no fue decisión suya. Además, desveló que el propio funcionario ha reconocido que filtró el documento. “Si no se hubiera filtrado, el cónsul seguiría en su puesto”, argumentó.
El ministro se quejó además del elevado número de filtraciones en los últimos meses y señaló que esto no es lo mejor que puede hacer un funcionario, por lo que la junta de la carrera acordó cesarle de su puesto y llamarle a Madrid.
Al ser preguntado por si a raíz del contenido del informe habría alguna protesta ante Brasil, Moratinos precisó: “protesta no, ahí ha habido la actuación del juez, de la autoridad policial brasileña, y se ha resuelto y el ciudadano está en España ya, y por lo tanto si hay alguna queja mayor se hace llegar la queja”.
“Tenemos un buen conducto de diálogo con las autoridades brasileñas y, hasta ahora, a parte de lo que ha sido este caso, prácticamente no ha habido ningún incidente de mayor relevancia”, enfatizó.
El ministro descartó que se esté produciendo de nuevo un conflicto diplomático con Brasil y recordó que hace unos meses surgió “un problema” por la situación de “rechazo en frontera de algunos brasileños en España”, lo cual se tradujo después en una crisis en los aeropuertos brasileños. “Yo hablé con mi colega, el ministro de Exteriores brasileño Celso Amorim, establecimos un mecanismo conjunto donde hay una serie de medidas que se toman en los aeropuertos españoles y brasileños y se consulta a los cónsules para evitar que haya cualquier incidente”, explicó.
Según Moratinos, este procedimiento ha funcionado “muy bien” desde que se estableció y dice que no ha habido más protestas ni ningún tipo de queja, por lo que “puede ser el simple trato de los ciudadanos que llegan sin la documentación necesaria y por tanto las autoridades de policía y frontera consideran que no pueden entrar en territorio nacional”.