De este modo, se convalida la constitucionalidad de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, entre otras cuestiones, respecto a la participación de las Asambleas de las Comunidades Autónomas en el procedimiento de elección por el Senado de 4 magistrados del Tribunal Constitucional, pendientes de renovación desde diciembre del año 2007. Además, se acepta que la ley prorrogue el mandato de la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, desde que acaba su periodo de tres años hasta la fecha de su renovación.
Desde el Partido Socialista señalaron que “una vez declarado constitucional el procedimiento, queda despejado el camino para que el PP abandone su actitud y se siente a negociar, con el resto de los grupos políticos y especialmente con el PSOE, la renovación de órganos constitucionales claves para el buen funcionamiento del Estado de Derecho, como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional”.