Con este texto se pretende evitar tanto el turismo sanitario en la Comunidad Valenciana como el uso inadecuado del sistema sanitario público valenciano. El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, informó sobre este nuevo Decreto de Aseguramiento sanitario, que supone reconocer a los ciudadanos el derecho que tienen a recibir una asistencia sanitaria pública.
En primer lugar, a través del número SIP (Sistema de Información Poblacional), se pretende cuantificar el número de usuarios de la sanidad pública valenciana. Los ciudadanos desplazados (no empadronados en la Comunidad) tendrán una referencia con la que valorar los costes de su atención. En segundo lugar, se facturarán el gasto sanitario de aquellos ciudadanos que no tengan derecho a recibir asistencia sanitaria gratuita por no ser ciudadanos de la Comunidad Valenciana. El objetivo de esta medida es facturar dicho coste a quien haya originado el gasto bien sea una Comunidad Autónoma, el país de origen, la aseguradora que corresponda en cada caso o el Gobierno central. Actualmente, la Generalitat gasta al año más de 300 millones de euros en la atención a desplazados y residentes extranjeros. Por ello, el conseller espera que el futuro decreto del Ministerio de Sanidad sobre el Fondo de Cohesión contemple la cobertura de los gastos.
Rambla explicó que este decreto no mermará los derechos de los 4,5 millones de pacientes acogidos al Servicio Valenciano de Salud, tanto si están empadronados como si disfrutan de la sanidad pública por criterio de solidaridad de la Generalitat.