Para el titular de Solidaridad y Ciudadanía, este innovador marco normativo para el municipalismo valenciano otorga a los alcaldes más poder y medios a la hora de regir los intereses de sus ciudadanos a la vez que mejora los sistema de control por parte de la oposición con el fin de hacer valer las reglas democráticas en la administración más cercana que es el ayuntamiento.
Blasco destacó que es la primera ley que regulará en su integridad en la Comunidad el régimen local, adaptada a la realidad del municipalismo valenciano y a la nueva coyuntura económica, de acuerdo con la reforma del Estatuto de Autonomía basándose en los principios de autonomía local, subsidiariedad, descentralización, coordinación y eficacia.
Financiación autonómica
Blasco resaltó que esta “es la primera ley en España que crea un Fondo de Cooperación para los municipios” y apeló a la corresponsabilidad del Gobierno de España para mejorar la financiación de los ayuntamientos señalando que la cuantía del Fondo de Cooperación Municipal se incrementará en función de la mejora de la financiación de la Comunidad por parte del Ejecutivo central para que ningún ciudadano de la Comunidad reciba menos inversión per cápita que cualquier español. El Fondo garantizará a los ayuntamientos al menos la inversión actual de la Generalitat en distintos planes relacionados con el municipalismo y que se cifra en 3.000 millones de euros anuales para hacer realidad el principio de suficiencia financiera que garantiza los recursos económicos a los ayuntamientos para prestar servicios. A través del Fondo se pretende evitar el déficit de los municipios a la vez que éstos tengan auditadas debidamente sus cuentas ante el Síndic de Comtes y dispongan de un plan de estabilidad financiera ya que de lo contrario no podrán beneficiarse del Fondo de Cooperación.
Los alcaldes refuerzan su capacidad a la hora de controlar, por ejemplo, el trabajo de los concejales que conforman la corporación municipal, pudiendo privar del sueldo a los miembros de la corporación que no cumplan con sus deberes, entre otros, la no asistencia a los plenos o comisiones; también castigará el transfuguismo e impulsará la transparencia mediante una precisa regulación del Registro de Bienes y de Actividades de alcaldes y concejales que tendrán carácter público siguiendo las líneas de actuación marcadas en Les Corts. Apoyará la fusión de municipios y la creación de mancomunidades.