La presentación del recurso de inconstitucionalidad al Estatuto de Andalucía aprobado por el Consell en su última reunión tiene, junto a los argumentos señalados por el Consell Jurídic Consultiu, una principal razón de índole financiera en la búsqueda de garantizar una adecuada financiación para todas la Comunidades Autónomas, sin que ello menoscabe la constitucionalidad del conjunto del Estatuto, y por ser la única vía procesal posible para que el Tribunal Constitucional interprete la contradicción existente entre las distintas vías de financiación de los Estatutos Catalán y Andaluz. Según la propia Generalitat se plantea el recurso por ser el único trámite jurídico para que el TC pueda analizar el asunto y no supone poner en duda la constitucionalidad del texto andaluz pactado en su día entre el PSOE y el Partido Popular. El ejecutivo que preside el popular Francisco Camps tiene dudas sobre el apartado segundo de la disposición adicional tercera -que fija ya un criterio de financiación por población y para un periodo de siete años- y quiere que el TC siente criterio.
Así el president Francisco Camps tiene intención de ponerse en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, en principio será el 11 de julio, para valorar, a las puertas de iniciarse una nueva negociación del modelo de financiación, todo lo que hace referencia a las consecuencias que la aplicación de este Estatuto puede suponer en relación a la financiación de otras Comunidades Autónomas. Fruto de estas reuniones, en la búsqueda de un consenso que garantice una adecuada financiación para las autonomías, el Consell se plantearía retirar el mencionado recurso de inconstitucionalidad en aras a la necesaria cooperación entre todas las Comunidades para lograr un Estado de las Autonomías con suficiencia en cuanto a la financiación autonómica.