Entre los que se encuentra el Plan Anual de Empleo 2017, un acuerdo en materia de Educación que abarca cuatro cursos, acuerdos sobre atención a la dependencia y Red de Protección a las personas y las familias con mayor vulnerabilidad, así como un acuerdo para el desarrollo de la política de fomento del alquiler y rehabilitación de viviendas.
El presidente de la Junta de Castilla y León destacó, tras la firma de cinco grandes acuerdos en materia de empleo y derechos sociales con los agentes sociales y económicos que conforman el Consejo del Diálogo Social, que este instrumento sigue dando ejemplos, una vez más, de efectividad, ya que continúa estructurando y protagonizando el despliegue de las políticas públicas en la Comunidad.
Un 3,2% más para empleo
El primero de los grandes acuerdos firmados es el Plan Anual de Políticas de Empleo 2017, que constituye el auténtico “guion” de las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León en el presente ejercicio y que se sustenta en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 acordada en enero de 2016, cuyos principales ejes desarrolla. El montante total de este Plan Anual es de 144,4 millones de euros, lo que supone un 3,2% de incremento respecto a 2016, y su objetivo es sentar las bases para conseguir más empleo, de mayor calidad y con prioridad para los colectivos que presentan mayor dificultad.
El segundo gran acuerdo firmado, en materia educativa, abarca cuatro cursos, del 2017/2018 al 2020/2021 y, por tanto, cinco ejercicios presupuestarios, con una cuantía total prevista de 47,13 millones de euros. El objetivo común de todos los compromisos es la apuesta por reforzar la equidad tanto en el sistema educativo escolar (reconocida por el Informe PISA) como en los estudios universitarios, según destacó Herrera.
Mejoras pese al liderazgo
El presidente subrayó que, tras 10 años desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, diversos informes externos siguen señalando a Castilla y León como la comunidad más destacada en su aplicación. Por ello, el Acuerdo suscrito en el marco del Diálogo Social plantea avanzar en la mejora del reconocimiento de derechos, mejorar la calidad de los servicios y la oferta de plazas residenciales públicas en el período 2017-2024. El coste total estimado asciende a 20 millones de euros en el período 2017-2024.
Por otro lado, la Red de Protección, cuyo origen se enmarca en dos acuerdos del Diálogo Social, atendió en 2016 a más de 180.000 personas, con una dotación presupuestaria superior a los 180 millones de euros. Herrera resaltó que, con el Acuerdo firmado, se pretende que deje de ser una herramienta coyuntural para convertirse en un mecanismo estable y ordinario de atención a las personas vulnerables. Esto supone un cambio en la denominación de la Red, que dejará de referirse a personas y familias ‘afectadas por la crisis’ para aludir a ‘las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica’. Además, se incluye otra novedad: la elevación al rango de derecho subjetivo de dos de las actuaciones de la Red, como son el Servicio de provisión inmediata de alimentos y el Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio.
Y en cuanto al acuerdo para el desarrollo de las políticas de alquiler y rehabilitación de viviendas, supondrá una aportación de la Junta de 5,6 millones de euros.