El Consejo de Gobierno destina más de un millón de euros a contratar trabajadores desempleados en municipios mineros

Una partida de la Consejería de Economía y Empleo para la contratación de parados y que realicen obras y servicios de interés general y social.
Esta cuantía se divide entre un total de 31 municipios mineros, 24 de la provincia de León y 7 de Palencia, ante las consecuencias de la crisis económica en los territorios en los que se localiza la actividad minera, sobre todo del sector del carbón, para evitar también la despoblación.
En cuanto a los beneficiarios, tendrán preferencia los menores de 30 años, mayores de 45 años parados de larga duración, trabajadores que reciban la renta garantizada de ciudadanía, participantes en el programa personal de integración y empleo y colectivos en riesgo de exclusión.
Presunción de veracidad
Una semana antes, el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado por el que el colectivo dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio derivado de su función docente. Como consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública, en el supuesto de que el profesorado sea víctima de agresiones o intimidaciones graves derivadas de su tarea docente, estas podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que significa un endurecimiento en las penas de los autores.
Los objetivos principales de este proyecto de ley son fomentar la consideración y el respeto a los docentes en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, incrementando su reconocimiento social como elemento fundamental para una adecuada convivencia en las aulas y mejorar la protección jurídica.
Protección ante agresiones
Con este reconocimiento, el profesorado de Castilla y León (37.533 docentes, de los cuales 28.347 pertenecen a la red pública y 9.186 a la concertada-privada) dispondrá de la presunción de veracidad ‘iuris tantum’ -mientras no se demuestre lo contrario- de su palabra frente a la que cualquier ciudadano en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión en el ejercicio de su actividad docente.
Además, los delitos cometidos contra el colectivo, una vez reconocida la condición de autoridad, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximirá al profesor agredido de ser agente principal de la denuncia facilitando el desarrollo de posibles procesos judiciales. Significa también, que se reconoce explícitamente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven de sus tareas dentro o fuera del recinto escolar.