El anteproyecto incorpora importantes novedades como la ampliación del concepto de violencia de género a otros ámbitos diferentes al de la pareja o la extensión de recursos a personas dependientes de las víctimas. La norma no se limita a atender las manifestaciones de violencia de género en cualquiera de sus modalidades al ámbito de la pareja, ex pareja u otra relación análoga, sino que extiende este concepto a otros ámbitos como el familiar, social o laboral. En segundo lugar, garantiza el reconocimiento legal de los derechos de las víctimas de violencia a recibir una atención integral, y se amplia el concepto de beneficiarios; en tercer lugar, aborda la violencia de género desde dos ámbitos: la prevención y la atención; en cuarto lugar, potencia los recursos de asistencia mejorando la atención por los profesionales a través de una mayor cualificación con programas específicos de formación; en quinto lugar, articula unas medidas de prevención de la violencia potenciando las campañas de sensibilización dirigidas a toda la población; en sexto lugar, considera a la educación como uno de los pilares básicos para conseguir que la violencia de género desaparezca de nuestra sociedad, y desde la Ley se quiere destacar la trascendencia de las medidas en ese ámbito; en séptimo lugar, se ordena y clarifica la estructura básica de la Red de Asistencia a la mujer; y en octavo y último lugar, se contempla la previsión de programaciones anuales donde se establezcan las prioridades de actuación.
Su elaboración se ha desarrollado con un alto grado de consenso social ya que cerca de 50 entidades de la Comunidad han recibido trámite de audiencia para la elaboración del borrador del anteproyecto. La Ley responde a la necesidad de regular en un texto normativo, con el máximo rango legal, la obligación de los poderes públicos de dar una respuesta efectiva al problema de la violencia de género, reconociendo una serie de derechos a las víctimas y abordando las soluciones desde un punto de vista global y multidisciplinar.