Una vez más el Congreso de los Diputados volvió a rechazar una propuesta del PSOE para que los emigrantes retornados a España que perciben pensiones del extranjero y no las han declarado no sean sancionados.
La proposición de ley fue defendida el martes 27 de mayo por Antonio Hurtado quien explicó que contempla, como posibilidad excepcional, que los emigrantes retornados que no hayan declarado sus pensiones en los ejercicios no prescritos puedan hacerlo, mediante una liquidación complementaria, sin devengo de intereses de demora, recargos ni sanciones. “Esta regularización se podrá hacer en el período de declaración de la renta del 2013, o en fecha a determinar por el Gobierno. En el caso de que se hubieran iniciado expedientes sancionadores quedarán resueltos sin imposición de sanciones y si se hubiesen pagado intereses de demora, sanciones o recargos, se devolverán de oficio”.
El portavoz adjunto de Economía del Grupo Parlamentario Socialista recalcó además que “la regularización debería significar no devengo de ningún interés de demora, no devengo de ningún tipo de recargo ni de ningún tipo de sanción” al entender los socialistas que quienes no declararon las pensiones lo hicieron por falta de información o por la información errónea que les ofreció la Agencia Tributaria y sin ningún ánimo de defraudar. La propuesta incluye que a aquellos que ya hayan pagado intereses de demora o sanciones se les devuelva el dinero de oficio y que todos los expedientes sancionadores abiertos se resuelvan de forma favorable para ellos, sin ningún tipo de sanción. “Creemos que es lo menos que podemos hacer. Creemos que es lo justo. Y por tanto, si hay que cambiar la ley, hay que cambiar la ley”, recalcó Hurtado.
Hurtado mostró un cartel con el lema ‘Somos emigrantes, no defraudadores’ similar a los exhibidos por los afectados en las manifestaciones que han organizado en toda España en los últimos meses y destacó el trabajo realizado a favor del colectivo por la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Feaer), cuya presidenta, Eva Foncubierta, y algunos de sus asociados estuvieron presentes en la tribuna durante el debate.
El diputado socialista también afirmó que era mentira que la Agencia Tributaria estuviese tratando cada caso de forma individualizada, como aseguró hace pocos días, también en el Congreso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En este sentido, Hurtado puso como ejemplo el caso de dos emigrantes retornados presentes en la tribuna y dijo que las respuestas que están recibiendo a sus reclamaciones “son un corta y pega que no tiene en consideración para nada las circunstancias personales de cada uno de ellos ni los argumentos que ponen en su defensa cada uno de ellos. Por tanto, es mentira que se esté dando un tratamiento individual y personalizado a cada uno de estos afectados. Totalmente mentira”.
La diputada ‘popular’ Encarnación Jiménez Mínguez fue la encargada de defender la postura del PP y comenzó criticando que la iniciativa socialista pretende “establecer un tratamiento especial y retroactivo para las rentas no declaradas de emigrantes retornados”.
Además, dijo que la desinformación que afecta a los pensionistas retornados proviene de periodo del Gobierno socialista y dijo que “una vez más el Gobierno del Partido Popular ha venido a corregir una mala práctica de los Gobiernos socialistas” al incluir en los borradores del IRPF de quienes perciben pensiones del extranjero la obligación de incluirlas en su declaración. “¿Por qué no se ocuparon entonces, ni usted ni su grupo, de que se incluyeran en esos borradores las rentas que debían aflorar?”, preguntó Jiménez Mínguez.
La diputada del PP recordó las palabras del ministro Montoro. “Ya dejó muy claro que se está haciendo un examen individual de cada caso, de cada expediente”, y añadió que “en ningún caso se está tratando a este colectivo como defraudador, en ningún caso es un colectivo defraudador, quiero que quede claro y meridiano. En cada uno de los casos, de forma individual y a la vista de las circunstancias personales y familiares de cada ciudadano, se está estudiando la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago para no perjudicar la situación patrimonial de los afectados”.
Críticas a la iniciativa desde PNV y CiU
La proposición de ley contó con el apoyo de todos los grupos salvo del PNV que se abstuvo. Su representante en este debate, la diputada Isabel Sánchez Robles, dijo que las medidas propuestas en la iniciativa socialista “son contrarias a los principios de igualdad, equidad y legalidad que deben presidir la acción del Gobierno en general, más si cabe en materia fiscal” e “incurrirían claramente en el agravio comparativo con otros colectivos”. Es más, para el PNV si se aprobase la iniciativa socialista se produciría “una manifiesta situación de injusticia e inequidad injustificable (…), además de vulnerar los principios de legalidad e irretroactividad de las normas tributarias. Podría decirles que si se aprobara esta iniciativa rayaría en la inconstitucionalidad”.
Sánchez Robles señaló que la condonación de las sanciones debe hacer ateniéndose a cada caso concreto y no de manera general y por ello recalcó que la Agencia Tributaria “puede y debe hacer un riguroso análisis de cada una de las situaciones personales y económicas que se den en cada supuesto, tratando a su vez de flexibilizar al máximo los mecanismos legales con los que ya cuenta para facilitar el pago de las deudas contraídas y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, adaptándolas a las situaciones personales de cada uno”.
También mostró su sorpresa por la denuncia de que todavía hay oficinas de la Agencia Tributaria en las que se informa de que dichas pensiones no deben declararse, tal y como afirmaron desde la Feaer y reiteró el diputado socialista Antonio Hurtado.
El diputado de CiU Antoni PIcó calificó la propuesta del PSOE como “un tanto ‘sui generis’” y dijo claramente que a Convergencia i Unió “no nos gusta la forma que se ha utilizado ni el fondo de lo que dice su iniciativa”. En concreto se mostró contrario a que se pretenda arreglar una situación excepcional mediante una ley excepcional. “No creo que esa sea una buena forma jurídica ni política”, afirmó. También criticó el difícil encaje legal y constitucional de las medidas propuestas, sobre todo en lo referido a su retroactividad.
A pesar de ello, CiU votó a favor de su toma en consideración al entender que así se abre la puerta a que se tomen las medidas legales necesarias para solucionar el problema.