El Congreso rechazó el martes 18 de febrero la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que instaba al Ejecutivo a elaborar un Plan Especial de Acción en embajadas y consulados para la asistencia a las personas que busquen empleo en países extranjeros, defendida por el diputado socialista Miguel Ángel Cortizo.
La Comisión de Asuntos Exteriores también rechazó la proposición no de ley del PSOE que instaba a reconsiderar el desmantelamiento de la Oficina Consular en Basilea, el cierre de su agrupación escolar y la relevancia de la acción educativa en el exterior, en el marco del Proyecto de Ley de Acción y del Servicio Exterior, que defendió el portavoz para asuntos de la UE, Juan Moscoso del Prado.
En su intervención, el ponente socialista Miguel Ángel Cortizo aseguró que es una “obviedad que en los últimos tiempos ha habido un incremento de los ciudadanos españoles que buscan la solución en el exterior a los problemas que la crisis les ha provocado en el ámbito laboral, a niveles que no se recordaban desde las olas migratorias décadas atrás”.
Cortizo destacó que esto “genera una problemática específica, una nueva situación en los españoles en el exterior” y la iniciativa defendida buscaba “promover que el Servicio Exterior se adaptase a estas exigencias, con un plan que buscase aquellas problemáticas específicas que surgen al hilo de lo que la ministra de Empleo llamaba ‘movilidad exterior’”. Razón por la que criticó que la enmienda popular sólo planteara que las embajadas y consulados “sigan actuando como antes”, cuando no había esta situación; actitud que ha calificado de “frivolidad” e “irresponsabilidad”.
El ponente socialista subrayó que ahora “hay problemas con muchos españoles que viajan al extranjero para buscar trabajo”, han surgido “mafias en Europa que se dedican a los contratos fraudulentos” y también hay casos de “rechazo en fronteras” a españoles en Latinoamérica, por lo que se preguntó “si no se puede pensar un poco en las personas”. Así, instó al PP a una “reflexión” pues se trata de “sentido común en la obligatoriedad de los gobiernos de solucionar los problemas de sus ciudadanos”.
Por su parte, la diputada del Partido Popular María Arenales Serrano rechazó tajantemente que el PP se tomase este asunto con frivolidad e indicó en su intervención que su grupo comparte “al cien por cien la filosofía que subyace en esta iniciativa”. “¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en poner todo lo que sea necesario por parte del Gobierno españoles y en este caso a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de las consulados y embajadas, para atender, apoyar, informar y sustentar en todo lo que sea posible, y asesorar, a los españoles en el extranjero en la ardua y difícil tarea de la búsqueda de empleo y el sostenimiento del propio empleo como lo estamos haciendo dentro de España?”, dijo la diputada.
Al mismo tiempo exigió a Cortizo más rigor en sus planteamientos. En concreto sobre en las cifras sobre emigración aportadas por el diputado del PSOE Arenales señaló que el saldo negativo en emigración comenzó en España en 2008, según los datos oficiales citados por la diputada del PP, y no en 2010, como afirmó Cortizo.
También insistió en que buena prueba del esfuerzo que se está haciendo para facilitar información a quienes salen de España son las páginas web de los consulados y las embajadas en las que se ofrece asesoramiento para todo el proceso: antes de salir de España, durante la estancia en el extranjero y a la hora de retornar. Asimismo, la diputada del PP aseguró que también se está haciendo un gran esfuerzo en facilitar todos los trámites burocráticos para quienes viven en el extranjero.
La iniciativa socialista fue rechazada con los 23 votos en contra del PP y los 13 a favor de PSOE, CiU, Izquierda Plural y UPyD.
Oficina Consular en Basilea
Por otro lado, el diputado socialista Juan Moscoso del Prado lamentó el rechazo del PP a la proposición no de ley que defendió sobre el desmantelamiento de la Oficina Consular en Basilea, registrada el año pasado “como consecuencia del grave malestar” que generó entre la colonia española en la ciudad suiza, dado que dicho cierre afecta a los servicios de la Oficina de Empleo y Seguridad Social y a la desaparición de su Agrupación de Lengua y Cultura española de la unidad ALCE. Con lo que tres ministerios de gran importancia para la colonia española deciden suprimir de golpe sus unidades.
El responsable socialista señaló que dicho cierre se produce “sin contar con la participación de los ciudadanos españoles” a través de su representación institucional en estos países. Por ello, apostó por proteger a los españoles en el exterior y dar mayor protección a la cultura y educación de nuestro país, como en el caso de Basilea, ciudad en la que viven 10.000 españoles y que según los últimos datos, la población está creciendo, aseguró.
Por último, incidió en la importancia de la acción educativa en el exterior para los ciudadanos españoles que residen fuera y la necesidad de “informar previamente a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso”, con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado. “Queremos que se informe a esta Comisión de los próximos ajustes que se hagan en el Servicio Exterior, de cuántos se van a cerrar y que se potencien las oficinas de protección de los españoles en el exterior, tal como el Gobierno dice que hace pero no lo lleva a la práctica, al ser un elemento estratégico para nuestro país”.
El diputado del PP Francisco Márquez de la Rubia contestó a Moscoso rechazando las acusaciones vertidas sobre el Gobierno y aseguró que la decisión de cierre fue transmitida previamente a los órganos de representación de la colectividad española, como el CRE de Berna-Basilea, así como a las asociaciones de emigrantes.
Además, indicó que la oficina de Empleo y Seguridad Social estaba atendida por un funcionario que se desplazaba desde Berna una vez a la semana y el volumen de trabajo ascendía a la atención de entre 7 y 10 personas semanalmente. En cuanto a la Agrupación de Lengua y Cultura indicó que el proceso de reorganización comenzó en 2009 cuando se suprimió la de Neuchatel –que se trasladó a Berna- y posteriormente también se suprimió la de St. Gallen, en 2012, que se traslada a Zurich.
Márquez de la Rubia afirmó que la proposición no de ley del PSOE viene motivada por la “repercusión mediática de la medida” pero no por datos concretos puesto que en otros países también se está reorganizando la presencia española sin mayores problemas.