El Congreso insta al Gobierno a que mantenga la asistencia sanitaria a los españoles que residan más de 90 días en el extranjero

A través de una proposición no de ley presentada por Podemos y que contó con el apoyo de todos los grupos menos el PP

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó el jueves 24 de noviembre una proposición no de ley presentada por el grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea por la que se insta al Gobierno a que derogue todas las normas que suprimen la asistencia sanitaria del sistema de Seguridad Social a aquellos ciudadanos españoles que permanecen más de 90 días en el extranjero.

Esta disposición aparece en el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aprobado durante la época de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad y que en su día ya provocó una fuerte reacción desde los colectivos y representantes de los españoles residentes en el extranjero, como el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

La propuesta de Podemos, que aceptó una enmienda del Grupo Socialista, insta al Gobierno a que “derogue y deje sin efecto todas las normas que limiten el derecho de los ciudadanos de nacionalidad española a la asistencia sanitaria del Sistema de Seguridad social, con independencia de su residencia o no en territorio español y del tiempo de residencia en el extranjero”.

Además, exige “que se garantice el derecho a la asistencia sanitaria a toda la ciudadanía española con carácter universal en tanto residan en territorio, sin perjuicio del cual fuere su nacionalidad”.

Por último, se pide que se inicien los trámites legislativos pertinente “para derogar cuantas normas impidan el acceso a la asistencia sanitaria a aquellas personas de nacionalidad española que residan fuera del territorio español durante más de noventa días”.

La iniciativa fue aprobada con los votos en contra del Partido Popular, cuya portavoz en el Comisión, la diputada Pilar Cortés Bureta justificó su posición afirmando que “la protección a la salud y el derecho a la asistencia sanitaria pública universal están garantizados a través de los mecanismos actualmente vigentes” al considerar que el Real Decreto 16/2012 “aclara el límite temporal durante el que España se hace cargo de los gastos sanitarios de los ciudadanos cuando dejan de residir en nuestro país” y que estas personas “cuando vuelvan a España mantendrán el derecho a asistencia sanitaria o causarán nuevo derecho, si su condición de asegurado llegó a extinguirse por trasladar su residencia al extranjero”.