Nada más comenzar la defensa de la proposición no de ley, el diputado socialista Antonio Hurtado se refirió a la manifestación que el mismo martes 29 de octubre había tenido lugar en Madrid y en la que participaron cerca de un millar de personas convocadas por la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Feaer). “Hoy estas personas traían un simple cartel en el que dicen que son emigrantes y que no son para nada defraudadores. Yo creo que sintetiza el sentir de estas personas porque desde luego nunca ha habido por su parte ningún tipo de voluntad de cometer fraude a la Agencia Tributaria”.
Seguidamente, Hurtado pidió al PP que “deje de poner la lupa sobre los pensionistas” y sobre los afectados por los requerimientos de la Agencia Tributaria señaló que “son personas cumplidoras, personas a las que debemos un reconocimiento muy especial, personas que han traído muchas divisas a este país; desde luego, tenemos muchas deudas con ellos”.
El diputado socialista afirmó desde la tribuna que la propia Agencia Tributaria ha tenido hasta ahora un criterio de eximir a los retornados de la obligación de declarar estas pensiones. “De hecho, solicitaban los borradores y no aparecían estas rentas porque las consideraban exentas”, señaló y añadió que “ante este cambio de criterio, ustedes, con una desconsideración total y absoluta, lo que han hecho es no solamente mandarles liquidaciones complementarias, liquidaciones paralelas, comprobaciones, sino que les han abierto expedientes sancionadores, les han impuesto sanciones, les han impuesto recargos, han devengado intereses de demora”.
Además del cierre de los expedientes sancionadores iniciados por la Agencia Tributaria, el PSOE también proponía que se desarrollase una campaña informativa sobre las obligaciones tributarias de los emigrantes retornados; que se colaborase con los afectados “prevaleciendo la mesura y la consideración sobre un colectivo que no ha tenido ninguna intención de defraudar a la Hacienda Pública”, y que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) abriese una línea de crédito específica para que este colectivo pudiese pagar lo que reclama Hacienda.
Además, reclamaban promover los cambios legislativos necesarios para “dar más y mejores facilidades de pago, mediante la ampliación del período de aplazamiento” y que “no se devenguen intereses de demora en las liquidaciones del IRPF que se practiquen por ejercicios anteriores”.
Antonio Hurtado continuó su intervención comparando este caso con las condiciones exigidas por el Gobierno a quienes se acogieron a la ‘amnistía fiscal’ y recalcó que los emigrantes retornados “no piden amnistía, ellos quieren estar en paz con el fisco, pero quieren claridad y quieren información suficiente”.
Postura del Partido Popular
El Partido Popular presentó una enmienda al texto del Grupo Socialista que fue defendida por su diputado Alfredo Prada, que también es secretario ejecutivo del PP en el Exterior. En primer lugar señaló que la Agencia Tributaria solo está cumpliendo la ley, “una ley del año 2006, o su última reforma del año 2006, una ley elaborada en la etapa del Gobierno socialista y que ahora, como ustedes no gobiernan -como los socialistas no gobiernan-, pretenden que esta ley no se aplique, se cambie o no se cumpla”.
Añadió que esta actuación de la AEAT de comprobación de datos fiscales se desarrolla a partir del intercambio de información con terceros países y que la Ley General Tributaria establece que tanto una falta de ingreso total o parcial de la deuda tributaria como una solicitud indebida de devolución por parte del contribuyente junto con que las acciones u omisiones sean dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia, son los supuestos que prevé la ley para que se produzca una infracción y sea aplicable el régimen sancionador correspondiente. “En estos casos se dan todos estos supuesto”, señaló.
La enmienda que presentó el PP constaba de cinco puntos que pedían que se intensifiquen las campañas de información así como que se fomente la participación de las plataformas y entidades que agrupan al colectivo en dichas campañas. También que se analice individualmente cada expediente y se evalúen las circunstancias personales y situación concreta de cada caso y que se extreme el celo y el cuidado en la resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago que presenten cada uno de los contribuyentes para que puedan hacer frente a sus obligaciones tributarias con las mayores facilidades y la necesaria flexibilidad que permita el ordenamiento jurídico vigente.
Prada pidió a los socialistas que aceptasen la enmienda y que “dejen de hacer demagogia y electoralismo con la emigración y dejen de usar a este colectivo para sus intereses partidistas, que no les interesa solucionar sus problemas”. “Lo demostraron hace una semana en la Comisión Constitucional, donde no quisieron que se abriera la reforma de la Ley Electoral para que se consiga una mayor participación del colectivo de emigrantes, y demostrarán hoy que no les importa más que para sus fines partidistas si no aceptan nuestra propuesta, que creo que es un paso adelante, un paso en la buena dirección para arreglar el problema que tiene este colectivo”, añadió Prada en su crítica al PSOE.
Otros partidos
En cuanto a la postura de otros partidos, Convergencia i Unió se manifestó a favor de la propuesta pero añadió una enmienda para que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria no solo colabore con los contribuyentes, sino que ayude también a los emigrantes retornados en la confección y presentación de todas aquellas declaraciones complementarias que deban efectuarse singularizando la atención. “Debemos tener en cuenta, señorías, que la mayoría de las personas afectadas no puede costearse en este sentido una ayuda profesional adecuada que les facilite este trámite”, dijo la diputada Inmaculada Riera.
La representante del Bloque Nacionalista Galego (BNG) también se manifestó a favor de la iniciativa al igual que Unión Progreso y Democracia.
El Grupo Vasco consideró que la propuesta del PSOE violaría los principios de igualdad, equidad y legalidad por lo que se manifestó en contra de la propuesta aunque en al votación se abstuvo al considerar que están al margen del problema al regirse el País Vasco por el sistema de concierto económico y contar con Hacienda propia.