Los grupos proponentes quieren que el Congreso investigue los fallos cometidos por la Administración a la hora de facilitar el derecho al voto a aquellos ciudadanos españoles que tienen su residencia en el extranjero para atribuir las responsabilidades pertinentes ante estas actuaciones erróneas que impidieron que un número muy elevado de españoles en el exterior no pudiesen ejercer su derecho a voto.
Esta comisión estará integrada por tres representantes de cada grupo con más de 50 diputados y dos de cada uno de los demás. Los acuerdos se adoptarán por voto ponderado. Se concretará un plan de trabajo a propuesta de los grupos con documentación a solicitar al Gobierno y al resto de administraciones y organismos públicos implicados, y con la realización de las comparecencias necesarias.
El plazo de realización de los trabajos de la Comisión de Investigación será de nueve meses desde su constitución.
Desde que en 2011 se modificara el sistema de voto para los residentes en el extranjero y se introdujera el llamado voto rogado, la participación electoral ha bajado del 30% a menos del 5% en ese colectivo, que se queja de multitud de trabas burocráticas para votar en cada proceso electoral.
La iniciativa la han plantado Podemos-En Comú Podem-En Marea y el grupo mixto, y la han apoyado todos los demás, incluido el PP, que ha advertido, no obstante, de que ese respaldo ni es un «cheque en blanco» ni están dispuestos a «buscar un culpable».
Para el diputado de Podemos Pablo Bustinduy, sin embargo, «quien legisló de esa manera debe dar explicaciones y rendir cuentas en sede parlamentaria», porque «o estamos ante una colosal muestra de indiferencia, incapacidad e ineptitud para la función pública o estamos, peor, ante un inmenso ejercicio de prevaricación», ha dicho.