El Congreso aprueba por unanimidad el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior

El documento, cuyo proyecto de ley se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 13 de enero, sale a la luz con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales de los emigrantes españoles que residen en el exterior y con el objetivo de igualarse en condiciones a sus paisanos que residen en España.
Entre los cambios definitivos producidos en el texto final se encuentran desde el propio título, para evitar las diferencias de género en el uso del lenguaje, y la ampliación de derechos para la diáspora, una batería en la que destacan la asistencia sanitaria y la atención a las personas dependientes, así como derechos de participación en los órganos de representación.
Sobresale también el compromiso del Ejecutivo de abordar la reforma de la normativa relativa a la nacionalidad de los descendientes de los emigrantes españoles, permitiendo que ésta sea obtenida hasta por los nietos de españoles de origen siempre y cuando sus padres no hayan perdido la nacionalidad.
“Hoy (por el jueves) el Parlamento aprueba definitivamente el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, por primera vez los emigrantes españoles (más de un millón y medio de personas) tendrán reconocidos unos derechos similares a los que tenemos los españoles que vivimos en España, como son la protección de la salud, el derecho a una ayuda en caso de necesidad, el derecho a fomentar la educación y la cultura española, el derecho a votar presencialmente en los procesos electores, el derecho al retorno, y se produce también una importante modificación en las normas acerca de nacionalidad para permitir que los nietos de españoles puedan recuperar la nacionalidad española con independencia de la edad que tengan y del lugar donde hubieran nacido sus padres siempre que los padres fueran españoles de origen. Esta fue una reivindicación muy sentida por la colectividad española en el exterior que queda así también resuelta”, dijo Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Asimismo, se incorpora un artículo 15.6 que reconoce la igualdad de género como garantía frente a cualquier discriminación por razón de sexo en el acceso a los derechos, prestaciones y participación de la mujer.
“Es un gran día para más de un millón medio de españoles que viven fuera y que tendrán garantizados sus derechos fundamentales, protección social, pensiones asistenciales y la educación, recuperación de la nacionalidad para nietos de españoles. Creo que es una ley, por tanto, muy importante”, añadió el ministro socialista en la sede del Congreso.
“Actualiza una legislación de origen franquista”, dijo el diputado de CiU, Carles Campuzano. “Esperemos que las expectativas que genera la ley realmente se cumplan”, agregó.
El Estatuto recoge también el compromiso de la Administración del Estado para asegurar la permanente actualización del censo electoral y para que se pueda ejercer el voto en urna, en aquellos lugares donde sea posible.
El Estatuto reconoce, en relación con los derechos laborales, que el Sistema Nacional de Empleo permita el acceso a la información necesaria a los españoles demandantes de empleo en el exterior y a los retornados, para la búsqueda de empleo y la mejora de sus posibilidades de ocupación.
Por lo que se refiere a la educación y la cultura, ofrece a los españoles la posibilidad de tener a su alcance centros, clases o medios de apoyo para la educación en español, para la enseñanza o mantenimiento de las lenguas españolas, así como la simplificación y agilización de procedimientos para la convalidación de estudios y titulaciones.
Estos derechos persiguen mantener los vínculos de los emigrantes con España, tanto para aquellos que residen fuera como para aquellos españoles que decidan regresar a nuestro país.
“Es una ley que cierra heridas y ejerce la justicia. No existía otra ley del Congreso en el periodo democrático. La ley actual era franquista y de escasos tintes democráticos. Esta es una iniciativa tardía para una deuda histórica, realiza una reparación de derechos económicos, sociales y culturales, así como reconoce la contribución de la emigración”, señaló el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares.
Además, el texto contempla la promoción del retorno y la creación de la Oficina Española del Retorno, encargada de proporcionar las mayores facilidades y el máximo apoyo a los ciudadanos que quieran regresar a su país.
“Se trata de una ley cuyos motores son las fuerzas de izquierdas y de un gran carácter progresista”, agregó Llamazares.
El Estatuto delimitará las líneas básicas de la acción protectora del Estado, así como establecerá la fórmula de cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en este ámbito.
El Estatuto, que da respuesta a las demandas realizadas desde los distintos sectores de la emigración y del retorno, ha sido fruto de un proceso dialogado con los representantes de los emigrantes españoles, a través de las aportaciones de los Consejos de Residentes, de los consejeros generales de la emigración y de las asociaciones de emigrantes y retornados, así como de un informe preceptivo del Consejo General de la Emigración. El Estatuto también obtuvo el dictamen favorable del Consejo Económico y Social.
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Exportar el Estado de Bienestar
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En relación con los derechos y las prestaciones sociales, el documento señala como colectivos de especial protección a aquellos ciudadanos españoles que carezcan de recursos suficientes y sean personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes o mujeres con especiales dificultades de integración social o laboral, así como españoles desplazados durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra civil española.
Se consolidan y amplían así los derechos sociales existentes en especial para las personas mayores, para lo que se introduce la “prestación por razón de necesidad”, como un nuevo concepto que engloba la pensión asistencial por ancianidad y la asistencia sanitaria.
“Este Estatuto es un compromiso electoral cumplido del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El Estado del Bienestar no puede detenerse en las fronteras de nuestro territorio”, explicó la diputada socialista Pilar López.
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Caldera confía en una rápida reforma del Código Civil
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Caldera explicó que el desarrollo de la ley se hará con la máxima rapidez posible. No obstante, muchos derechos son ya aplicables.
“Sí necesitará desarrollo la reforma del Código Civil relacionado con nacionalidad, que lo haremos, espero, tengo que hablarlo con el ministro de Justicia (López Aguilar), rápidamente. Esperamos que sea ágil”, afirmó Caldera.
En el ámbito económico, el texto implica, desde el punto de vista presupuestario, la necesidad de contar con la aportación económica de distintos departamentos ministeriales que realizan actuaciones de protección y apoyo a los españoles residentes fuera.
De esta manera, las acciones cuentan con una memoria económica de 154.636,70 miles de euros, entre los que se encuentran diferentes ministerios y especialmente los departamentos de Asuntos Exteriores y Cooperación, Educación y Ciencia y Trabajo y Asuntos Sociales.
Este último Ministerio aporta a esta partido presupuestaria el 88%, 136.079 miles de euros, mientras que Educación y Ciencia aporta el 8,3% y el ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación el 3,7%.