El Congreso de los Diputados aprobó tras dos meses de tramitación la reforma laboral el pasado 9 de septiembre, con los únicos votos de los diputados socialistas y gracias a los diputados del PNV. En la Cámara Baja se eliminaron casi todas las enmiendas que se habían incorporado en el Senado, como la que ponía obstáculos a la conversión de trabajadores temporales en fijos por la encadenación de contratos.
De este modo, la reforma queda tal como se había aprobado en el Congreso de forma inicial, entre otras cuestiones, la situación económica negativa de una empresa permite un despido con 20 días por año de indemnización, frente a lso 45 actuales. Además, se reduce de cien a treinta días el plazo de los parados para rechazar un empleo o un curso de formación.Aquí, se echó para atrás un punto y como que había introducido CiU y que para el PSOE suponía introducir como causa de despido la “disminución persistente de beneficios”. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, fue el que defendió la medida y señaló que la reforma es la que el Gobierno cree que es la mejor para la economía española, mientras el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, indicó que los efectos de los cambios se verán a largo plazo.
Desde CiU hablaron de “oportunidad perdida”, mientras la izquierda llegó a hacer llamamientos a la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 29 de octubre. Los líderes sindicales, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO) ya registraron la convocatoria de la movilización, de la que confían que será un éxito de participación y que, además, reconocen que es fruto del fracaso de la negociación.Mientras se aprobaba la reforma laboral, unos dieciséis mil delegados y delegadas de CCOO y UGT de todo el país asistieron a un acto en el Palacio de Vistalegre de Madrid para intensificar la preparación de la huelga general.